Tras los debates en el Congreso sobre las compras ilegales
de tierras por poderosas empresas nacionales y extranjeras y famosos
bufetes de abogados, como los de Brigard & Urrutia y Néstor
Humberto Martínez, para Riopaila, Cargill y Luis Carlos Sarmiento
Angulo, salieron a la luz varias verdades (http://db.tt/DwP0ULLR).
Se demostró que la Ley 160 de 1994 les permite a los campesinos
beneficiados por adjudicaciones de baldíos del Estado vender
esos predios sin ninguna restricción. Pero que el inciso 9°
de su Artículo 72 también establece que nadie -ni persona
natural ni jurídica-, puede comprar -acumular- más de
uno de esos predios -una UAF, como se llaman-, so pena de la declaratoria
de nulidad de la operación. Que esto es así lo han reconocido
la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Superintendencia de
Notariado, el Incoder, dos ministros de Agricultura, la Contraloría,
la Procuraduría y hasta el Departamento de Agricultura de Estados
Unidos, al igual que Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
Esta prohibición desarrolla el objetivo primordial del Artículo
64 de la Constitución y la Ley 160, que busca que las tierras
del Estado pasen a los campesinos y no salgan de la órbita de
la pequeña producción. Como es obvio, se trata de un derecho
colectivo del campesinado. Luego quien acumula las UAF viola el ordenamiento
legal y despoja de sus derechos a los pequeños productores en
su conjunto.
Sabedores de la prohibición de la Ley 160 de acumular tierras,
los encopetados abogados que diseñaron el despojo campesino y
la ilegalidad -en decenas de casos y por centenares de miles de hectáreas,
en la Orinoquia y en el resto del país-, se esforzaron, no en
volver legal lo ilegal, porque es imposible, sino en ocultar la violación
de la ley, es decir, en que no se supiera que cada parcela adquirida
por una empresa diferente era en realidad comprada por una poderosa
matriz, la cual explota los predios como uno solo, incluso a escalas
de 60 mil y más hectáreas. Algo así como un testaferrato
inmobiliario. En el momento en que ocultaron a los verdaderos compradores
de cada UAF y la producción unificada de los predios, confesaron
de hecho que sí sabían que violaban la Constitución
y la ley.
Una vez descubiertos estos actos de corrupción, han recurrido
a leguleyadas elementales, las cuales no niegan la prohibición
de la Ley 160 de acumular fincas originadas en baldíos, pero
sí arguyen que en sus negocios la norma no se aplica en razón
de alguna excepción traída de los cabellos. Es tan poco
serio el alegato con el que intentan enredar incautos, que estos abogados
y sus teorías terminaron de hazmerreíres entre los estudiantes
y los profesores de las carreras de derecho.
La posición del gobierno de Juan Manuel Santos no pudo ser peor.
Primero, en dos ocasiones y a espaldas de la opinión pública,
intentó cambiar la Ley 160, para darle algún viso de legalidad
a la ilegalidad. Luego, cuando el escándalo derrotó el
tapen-tapen de la Casa de Nariño y rodó la cabeza del
embajador en Washington, contra toda evidencia Santos absolvió
a su amiguísimo y financista político, les advirtió
a sus subalternos que quien volviera a decir que sí se había
violado la ley se las vería con él y dio orden de echar
por la calle del medio y promover la bien llamada "Ley Urrutia",
porque con ella se proponen blanquear las acumulaciones ilegales de
baldíos. En desarrollo de la estratagema, el ministro Estupiñán,
quien les dijo a los medios que acumular baldíos era ilegal y
que generaba sanciones, le dio una voltereta de 180 grados a su posición,
más preocupado por cuidar el puesto que su dignidad. En otro
país se cae en diez minutos; aquí, podrían darle
la Cruz de Boyacá.
Para ambientar la Ley Urrutia, han intentado convertir este debate,
que es sobre ilegalidad y corrupción, en una controversia sobre
el modelo agrario, con tan mala suerte para ellos que lo que defienden,
y que Santos quiere empeorar, es un desastre, como lo prueba la indignación
rural. Porque a punta de TLC aumentan las importaciones y disminuyen
las exportaciones, arruinan a los productores y concentran aún
más la propiedad de la tierra, a costa del campesinado y de los
empresarios pequeños y medianos. Y no para producir bienes agropecuarios,
sino para ampliar la escala de la especulación inmobiliaria,
en beneficio de algunos de la cúpula de los adinerados criollos
y los magnates extranjeros.
Bogotá, 16 de agosto de 2013.