Aunque suene increíble, porque
parece una provocación, en pleno paro de los cultivadores de
papa contra la ruina que les provoca el libre comercio, los partidos
adictos a las canonjías que otorga la Casa de Nariño -Liberal,
Conservador, Cambio, Verde y Pin- aprobaron en el Congreso la Alianza
del Pacífico, pacto que profundiza ese tipo de relaciones perniciosas
para Colombia, esta vez con Chile, Perú y México. Es obvio
que durante la campaña electoral en curso de esto no les hablarán
a sus electores rurales -campesinos, indígenas y empresarios-
los santistas que votaron por el sí.
La decisión de Santos de imponerle a Colombia la Alianza del
Pacífico -sin que además se permitiera un debate auténticamente
democrático, al igual que pasó con la Ley Lleras 2.0-
tiene otro agravante: la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC),
que agremia un gran porcentaje de la producción empresarial del
país, advirtió lo dañino que será ese tratado
para lo que sobrevive del agro, porque les causará severas pérdidas
a 202 productos y subproductos, entre ellos, arroz, semillas oleaginosas,
aceites y grasas vegetales, maíz blanco y amarillo, fríjol
rojo, carnes de cerdo, pollo y res, azúcar y productos derivados
(preparaciones y etanol), leche y productos lácteos. La SAC también
explicó que está en juego el 48 por ciento de la producción
agropecuaria, la cual aporta 1.2 millones de empleos y nueve millones
de toneladas, por un valor de 16.9 billones de pesos.
Ha sido tan agresiva la actitud de Santos y del santismo a favor de
la Alianza del Pacífico -con el pretexto de que la producción
debe entregarse en bandeja de plata en ceremonia de los próximos
días- que el gobierno definió sesiones conjuntas en el
Congreso, en estas no se le permitió hablar al presidente de
la SAC y este solo pudo opinar en el Senado tras dos días de
exigencias del Polo Democrático Alternativo. ¿Se necesitan
más pruebas de que este gobierno sustituye con descaro el trabajo
nacional por el extranjero en el agro, como también sucede en
la industria, con la diferencia de que en esta callan los que deberían
reclamar?
En el afán de votar en el Senado la Alianza del Pacífico,
donde hasta unos santistas dudaron en aprobarla, ocurrieron dos hechos
que retratan al gobierno de cuerpo entero. El ministro Díaz Granados
levantó la peregrina teoría de que no había que
preocuparse porque se trataba "apenas" de un acuerdo marco,
que luego se precisará, como si no se supiera que este tiene
como objetivo "construir (
) un área de integración
profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación
de bienes" y que consagra el propósito de "liberalizar
el intercambio comercial de bienes y servicios, con miras a consolidar
una zona de libre comercio entre las partes". Y el ministro Juan
Camilo Restrepo fue capaz de respaldar las falacias del minComercio,
despropósito que me hizo reiterarle la petición de renunciar
a su cargo, en razón de su mala atención a las necesidades
del café y el resto del agro y de defender el futuro del sector
agropecuario nacional.
Que nadie se sorprenda si todos los sectores del agro se unen y movilizan
en contra de nuevos TLC y por la renegociación de los vigentes,
por créditos baratos, solución a los problemas de deudas,
control a los precios de los insumos y precios de sustentación
fijados por el Estado, entre otros derechos, como los que disfrutan
los productores de otros países.
Coletilla uno: El Consejo de Ministros resolvió que Alejandro
Gaviria no tiene que declararse impedido para tramitar la reforma a
la salud. Porque, según Santos, los intereses de BanColombia
no tienen nada que ver con Sura EPS, la esposa del ministro renunció
-en fecha desconocida- a Fasecolda y es el Congreso el que define sobre
la reforma. Llevaré el caso a la Procuraduría. A los colombianos
no pueden seguir tratándonos como a imbéciles.
Coletilla dos: de los 1.4 billones de pesos que le descuentan al magisterio
para su sistema de salud, ¡el gobierno "desvía"
para otros fines -¿o literalmente hace un robo legalizado?- 700
mil millones! Esto, que les provoca graves males a los maestros y es
un abuso desproporcionado, contiene una jugada retorcida en extremo:
que los educadores odien su sistema -que funciona sin EPS y que otorga
más derechos que el de los demás colombianos-, de manera
que el gobierno pueda pasarlos a las EPS, posición que ya ha
fijado la ministra de Educación.
Bogotá, mayo 10 de 2013.