Significa un sonoro campanazo de alerta
que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado hayan decidido
no participar más en el trámite de la reforma a la Justicia
que a punta de fuerza y sin buenas razones impone el gobierno. En
palabras de la Corte, el proyecto "no resuelve el problema ciudadano
que reclama justicia", "atenta contra la estructura del
Estado democrático (...), al concentrar el Poder Público
en las ramas Ejecutiva y Legislativa", "resquebraja la independencia
y autonomía judicial", "desconoce que la función
jurisdiccional debe estar (
) en cabeza de los jueces",
introduce de manera "repentina y sorpresiva" el fuero militar
y "sustrae del conocimiento de la Corte Suprema de Justicia la
investigación y juzgamiento" de los congresistas y de
los otros altos dignatarios del Estado, todo lo cual contradice la
separación de los poderes (http://bit.ly/ueTC7x ).
Si bien la reforma no atiende las necesidades del país, sí
concentra más el poder en el Presidente de la República,
concentración que se agrava porque en Colombia la separación
entre el poder Ejecutivo y el Legislativo constituye una ficción,
dado que la norma es que el látigo burocrático del jefe
del Estado someta a senadores y representantes, al igual que a gobernadores
y alcaldes y diputados y concejales. "En Colombia manda -decía
un veterano congresista- el partido del presupuesto", verdad
que Uribe no puede olvidar porque no se lo permite Santos, quien para
estos efectos también superó a su mentor.
Si a algo se ha dedicado Santos es a fortalecer aún más
su poder, como bien lo prueban sus leyes de regalías y televisión
y sus tentativas contra la autonomía de las corporaciones regionales.
Tampoco es casual que haya creado el Departamento para la Prosperidad
Social -qué tal el nombrecito-, que unió bajo el control
de la Presidencia el formidable poder clientelista que manejan Acción
Social y el Instituto de Bienestar Familiar. Solo le resta someter
de una vez por todas a la Justicia, labor en la que dio el retardatario
paso de la ley de la sostenibilidad fiscal.
La reforma a la Justicia elimina por completo el papel que hoy tienen
las altas Cortes en la elección del Procurador, el Registrador
y el Contralor, por cuanto en los dos primeros casos la terna será
elaborada por el Jefe del Estado y elegirá el Congreso en pleno
y, en el tercero, ternará el Senado y escogerá la Cámara.
Y viene de antes que el Presidente arme la terna de la que sale el
Fiscal General de la Nación.
El gobierno, además, con el ministro de Justicia en la Sala
de Gobierno del Consejo de la Judicatura, se entrometerá en
los asuntos de la Rama, tales como definir sobre la existencia de
juzgados y tribunales, la actuación de jueces y magistrados,
la administración de la carrera judicial y la aprobación
del presupuesto del poder judicial. También se le otorga a
la Sala Disciplinaria del mismo Consejo, elegida por el Congreso de
terna del Jefe del Estado, el derecho a juzgar la actuación
de los jueces, que así quedan bajo la férula del Ejecutivo.
Con un criterio que no puede aceptar ni un estudiante de primer año
de derecho, la reforma les entrega a autoridades de rango inferior
la potestad de enjuiciar a los congresistas. También impulsa
la "privatización y administrativización de la
Justicia", dice la Corte, cuando les entrega a notarios y abogados
la función de impartir justicia, que debe ser reservada para
los jueces de la República, con experiencia para ejercer esa
compleja labor. Y eleva a rango constitucional el cobro del arancel
judicial, paso formal en contra de la justicia como derecho ciudadano.
También debilita el poder judicial y fortalece a Santos el
artículo que establece que, "en todo caso", no serán
de la órbita de la justicia ordinaria, sino de la militar y
policial, "las operaciones y procedimientos" en los que
miembros de la fuerza pública violen la ley. ¿Qué
razón aceptable -no para Santos ni para su gran elector, por
supuesto- justifica darles un trato jurídico especial a hechos
como los llamados 'falsos positivos'?
Coletilla: sin explicaciones satisfactorias ni de Telefónica
y ni del gobierno, se aprobó capitalizar a Coltel con 3.5 billones
de pesos de recursos públicos, para que esa trasnacional haga
lo que se comprometió a hacer hace cinco años, cuando
se le entregó barato el patrimonio de Telecom. ¿Por
qué el gerente de Telecom saltó a Telefónica-Colombia
y un ejecutivo internacional de Telefónica pasó a ser
ministro de Comunicaciones?
Bogotá, diciembre 9 de 2011.