"DEFENDIENDO LA DEMOCRACIA, MAESTRO"
Por Juan Manuel López Caballero

 

Un estudio de la Misión de Política Exterior para Colombia me llamó la atención por la lógica con la que presenta el tema de las drogas. Parte de reconocer el fracaso de la política de la erradicación total de la droga, y lo atribuye a que se ha buscado una sola solución simple a un problema de múltiples facetas. Y propone que se debe hacer una diferenciación de las drogas (ni causan el mismo daño la heroína y la marihuana, ni se pueden perseguir de la misma manera) y del mal que se busca combatir (el problema de cómo afecta la salud es diferente de cómo motiva el delito).

Esa lógica de análisis podría aplicarse a otros temas que hoy son de mucha más actualidad.

El debate sobre el fuero militar y la condena al Coronel Plazas Vega han llevado a estudiar la problemática de la Justicia Penal Militar. Se ha tocado el tema del honor militar y el de la necesidad de una jurisdicción especial. El conjunto de estos dos está orientado a encuadrar el marco dentro del cual debe actuar la fuerza que la sociedad delega en quienes portan el uniforme, siempre de tal forma que no se convierta en una licencia que ampare actos de barbarie.

Esta temática ha sido resuelta o ha sido superada en el mundo pero entre nosotros está apenas en sus primeros debates, no porque se pueda considerar reciente el motivo de su aparición sino porque detrás de ello hay un debate político subyacente en el cual se mueven intereses y propósitos de la coyuntura.

Respecto al honor se señala que es un principio fundamental de esa organización jerárquica porque cumple la función de motivación y de control que hace que el individuo se entregue a las necesidades del cuerpo colectivo y cumpla los requisitos que dentro de él se exigen (obediencia, código de conducta) sin los cuales el criterio subjetivo y personal impediría su funcionamiento como una unidad orgánica. Por eso la duda de si en caso de una violación a sus códigos (v.gr. matar a un herido) un juicio desde afuera implicaría a todo el estamento, o si para preservar el espíritu de cuerpo debe prevalecer el 'la ropa sucia se lava en casa' (con los riesgos que esto conlleva).

En cuanto a la jurisdicción especial, nadie discute que los actos del servicio deben tener su propia justicia porque por tener funciones y reglas especiales que el ciudadano común no tiene -entre otras y principalmente las de representantes de la violencia legal teniendo el deber de ejercerla (v. gr. participar en combates)- es indispensable que exista una forma diferente de juzgar los actos que bajo esas condiciones se producen. Tampoco se discrepa respecto a que delitos que se cometen y caen en el campo de la justicia ordinaria (v.gr. violación, o hurto) deben pasar por los tribunales civiles. Lo debatido es cómo y quién determina cuándo es lo uno y cuándo lo otro. La reforma propuesta le atribuye a la Justicia Penal la presunción de que todo acto cometido por un militar activo cae bajo esa competencia, convirtiendo la posibilidad de que se juzgue cualquier delito por la justicia ordinaria en un caso de excepción que debe ser probada. El tema se complica aún más cuando se incluye el tema de los delitos de lesa humanidad.

Como todo en la vida real, se presentan 'zonas grises' aún más difíciles. El bombardeo de Santo Domingo donde se soltaron bombas racimo sobre una casa donde se encontraban civiles puede calificarse como un exceso en el propósito buscado -o más bien a una falta de respeto por las reglas de mayor jerarquía como el DIH-, pero aún siendo violaciones a este no se pueden atribuir a motivaciones personales. Un caso como el de los falsos positivos, donde lo que el actor buscaba era una recompensa o una promoción, es el contrario.
Como en el tema de la droga, lo elemental sería comenzar por establecer reglas para diferenciar los casos y para reconocerles las particularidades que pueden tener. La falta de estas es lo que hace tan polémico el fallo que recae sobre el Coronel Plazas Vega, puesto que sobre los hechos no se debate.

Es también algo similar a lo que estamos viendo en los juicios a los funcionarios del anterior Gobierno.

No es lo mismo el delito del parapolítico que se alió con los paramilitares en el pacto de Ralito para ganar las elecciones y lograr el poder local para sí mismo, que el funcionario oficial que, convencido de que es una necesidad la reelección de Uribe porque así está también 'salvando la democracia Maestro', ofrece notarías o permite 'chuzadas'.

No se sabe cual delito es peor, o siendo el mismo cual por ser más grave merece más sanción. Pero sí, igual que en los delitos de los militares, hay diferencias entre un delincuente y el otro. Mientras el uno pensaba actuar correctamente -o aún indebidamente pero con un propósito que consideraba altruista (lo que no lo exime de culpa)- el otro se puede caracterizar como de ánimo doloso al cometer el delito no solo con plena consciencia sino además buscando deliberadamente obtener lo indebido.
Lo que pasa es que coincidió la alianza electoral de jefes paramilitares y dirigentes regionales de un lado con de otro lado el proyecto político de imponer un modelo de Estado de orientación fascista; se produjo una punible convergencia entre ambos, manifiesta en abusos de poder y maniobras de encubrimiento que con testimonios y evidencias que se están aportando a los juicios están siendo develados.

En esto también está convirtiéndose en emblemático el caso de Luis Carlos Restrepo.

Pero no debemos dejarnos engañar por la retórica que hay detrás de las acusaciones de un "designio vengativo" que llama José Obdulio (aquel que decía que los desplazados eran 'migrantes internos' que inventaban cuentos sobre masacres y despojos para robar al Estado), o la presentación de que es una "venganza criminal" orquestada por una justicia politizada que actúa en contubernio con quienes sufrieron el rigor y el castigo impuesto por quienes depuraron al país llegando incluso a extraditarlos.

Lo que en realidad está sobre la mesa es si es hora de pensar menos en los casos personales y de dar más énfasis a cuestionar la política que indujo a que se cometieran los delitos. Lo que vemos ahora es que se presenta una defensa política y penal coordinada (la de cuestionar la neutralidad de los administradores de justicia) pero para reivindicar y revivir esa propuesta política (la famosa 'refundar la patria') más que para buscar la impunidad.

Como dijo el nuevo Presidente Sala Penal de la Corte Suprema, es un fenómeno macro que requiere una investigación (y un juicio) también macro.

Febrero 13 de 2012.