¿OTRO GOLPE DE SENSATEZ?
Por Juan Manuel López Caballero

Contrariamente a lo que en algún momento se pudo predecir, la buena acogida al gobierno de Juan Manuel Santos ha sido debida a la forma en que ha buscado corregir el estilo del gobierno anterior -pendenciero e impositivo- pero también por la forma en que ha desechado políticas que solo complicaban la vida nacional. Uno de tantos legados muy caro a Uribe fue el de lograr sacar adelante la reforma constitucional que prohibía expresamente el porte -es decir, el consumo- de la dosis mínima de droga (Insistió en 4 oportunidades hasta lograrla).

Quedó pendiente la reglamentación legal de tal norma, puesto que se trató más de una posición personal que de un análisis de su conveniencia o viabilidad.

Ante el Congreso dejó el entonces Ministro Valencia Cossio el proyecto de ley respectivo, y debe entrar ahora a votación.

Un primer criterio que debería pesar para tomar cualquier decisión al respecto de cualquier ley es el hasta dónde se podría cumplir o qué pasaría si se cumpliera. Para este caso los portadores y/o consumidores de un cacho de marihuana son en Colombia varios millones, lo cual dice a las claras que es una ley para ser desconocida; y aún en el caso de que se pretendiera aplicarla selectivamente a los usuarios permanentes o a los sitios públicos tocaría encerrar a buena parte de la población. No se sabe que es más absurdo, si pensar que se debe dar vigencia a la ley, o si pretender que se podría: ni todas las cárceles ni todos los centros de rehabilitación alcanzaría para albergar a esos 'delincuentes'.

Varios Congresistas y aparentemente el mismo Ministro Vargas Lleras tienen además dudas u objeciones respecto al costo o a la apropiación de recursos que exigiría la sola expedición de tal ley. En la medida que se reconoce que la rehabilitación del adicto pasa a ser obligación del Estado tocaría destinar a esta nueva fase de la guerra a las drogas varios billones de pesos -entre dos y once- sin tener expectativas de resultados concretos.

Pero lo que más debería generar reflexiones es que aprobar tal ley implicaría desconocer y casi que oponerse a lo que ya es reconocido como una necesidad por prácticamente todos los países, a saber, que es necesario un cambio en las políticas antidrogas.

Porque paradójicamente la votación que puede llegar a cambiar el mundo se debe producir en una semana cuando en California se decida si se aprueba o no la proposición 19 que despenaliza la posesión e incluso la producción de marihuana. Hasta el momento las encuestas muestran una ligera ventaja (entre 3% y 5%) a favor de la despenalización.

Ya los Estados Unidos bajo el manto del 'uso terapéutico' son los primeros productores del cannabis y entre los estados que lo han permitido California el que más.

Pero el efecto de este nuevo plebiscito estatal sería de mucho más alcance pues por ser Estados Unidos signatario de la Convención Antidrogas, el Gobierno de Obama se encontraría ante la contradicción entre las obligaciones que emanan de ese tratado internacional y la validez del voto popular, dilema que probablemente lo resolvería en últimas la Corte Suprema.

Ante estas consideraciones esperemos que nuestros actuales Gobernantes, Presidente y Congreso, tengan otro golpe de sensatez no aprobando el proyecto-herencia del pasado Gobierno.

Octubre 21 de 2010.