¿QUÉ LLEGARÁ CON LA 'NUEVA ERA'?
Por Juan Manuel López Caballero

Esta promesa repetida por el recién electo Presidente tiene un escenario especial donde demostrarse. Durante ocho años -ocho larguísimos años para quienes los han padecido retenidos en la selva- ha estado descartada la posibilidad de su liberación mediante un acuerdo humanitario.

Con el 'habilísimo' argumento de que en Colombia no hay conflicto armado, se negó la vigencia del Derecho Internacional Humanitario y la obligatoriedad de los tratados que reconocen los respectivos Convenios y Protocolos y de las Leyes que los han aprobado convirtiéndolos en normas internas.

Con tal 'habilidad' el Gobierno -el Presidente Uribe pero sobre todo sus 'rasputines'- lograron primero que en lugar de debatir sobre el contenido y el significado de estos códigos nos enredáramos en discusiones sobre si tenían vigencia o no; y aún con más éxito en si los resultados de no aplicarlos eran convenientes o no.

Por ser el Gobierno quien por las vías de hecho tiene el poder de llevar la controversia al nivel que desea, nos tocó a los defensores del DIH enfrascarnos en tratar de que se aceptara ya no el sentido de sus textos, ni siquiera la vigencia en nuestro caso, sino simplemente lo inconveniente de desconocerlo.
Ni la descalificación y la mala imagen internacional que esto produjo, ni el sufrimiento innecesario que trajo a los retenidos y a sus familiares, fueron suficientes para acabar con la posición de que solo se estaba persiguiendo a unos terroristas y que la suerte de quienes estaban en sus manos solo dependía de la voluntad de la guerrilla o de una liberación a las malas. Y, como complemento, la idea de que intentar su libertad acordándola con los captores era equivalente a una derrota del Estado.

Los éxitos de la Operación Jaque primero y de la Operación Camaleón después, se han utilizado para mantener esa posición, y con ella el desconocimiento tanto del orden legal interno como del Derecho Humanitario.

La 'nueva era' y la 'nueva hora' prometida por el electo Presidente Santos en sus discursos permiten suponer que se volverá a estudiar el sentido de los textos legales sobre la base de que estos existen y son obligatorios.

El electo Vicepresidente Angelino Garzón ya notificó que sí se buscarán caminos de paz diferentes de la rendición o exterminio de la guerrilla, y que las propuestas de la Conferencia Episcopal Colombiana y de la Comisión Nacional de Reconciliación pueden ser un inicio de ese camino.

A su turno la Dra. Piedad Cordoba ha informado que las FARC estarían interesadas en un diálogo tendiente a la liberación de los retenidos.

La naturaleza misma del DIH, y en consecuencia de los eventuales acuerdos que el Artículo 3 común a todos los Convenios obliga a buscar ('harán lo posible por poner en vigor mediante acuerdos especiales'), implica que la aplicación de los mismos es durante el conflicto, es decir antes de lograr la paz. También implícitamente se puede entender que pueden ser parte o, aún más idóneo, el inicio o la introducción para las conversaciones que lleven a ella.

Ojalá que en verdad llegue la hora de dar prioridad a las soluciones antes que a las confrontaciones, y que este tema por su importancia jurídica y por su contenido humanitario sirva de primera prueba de ello.

Julio 1 de 2010.