¿QUÉ BUSCA EL PRESIDENTE?


Por Juan Manuel López Caballero

Dentro del manejo político es usual que la manera de desviar la atención de un escándalo o de un tema inconveniente sea despertar una controversia mayor, o, en el mundo virtual, crear una noticia que lo alborote y distraiga la atención del tema real que incomoda.

Parecería que, para minimizar el efecto de la revelación sobre las conversaciones en Santa fe de Ralito, pudiera ser éste el propósito y la estrategia del Gobierno y su equipo mediático al plantear el debate sobre el indulto al M-19, y el posible vínculo del narcotráfico con la toma del Palacio de Justicia. Esto por ser una simple manipulación debe molestar; pero, teniendo en cuenta que sus planteamientos son un montaje sin respaldo válido (ni el que 3 años antes Jaime Guillot hubiera vendido armas al M19, ni el que ese día se reuniera la Corte para discutir la extradición, pueden evaluarse como ‘serios indicios’ de una alianza para tomar el Palacio), surgen las preguntas ¿Qué más busca el Presidente al cuestionar sucesos pasados, sin ninguna expectativa de cambiar ni los hechos ni los efectos jurídicos? ¿Qué se persigue con esto y qué nuevos problemas y nuevos costos puede involucrar, tanto para quien la aplica, como para la población en general?

Con el discurso del Presidente en la reunión de empresarios de Miami se rompe una tradición colombiana de no usar foros internacionales para las controversias internas, y menos para objetivos electorales. En lo que concierne al Presidente, al acusar al M-19 de haber sido indultados por crímenes atroces está atacando a sus miembros (en especial a Navarro, como eventual candidato) y a quienes al negociar un indulto habrían incumplido con la norma constitucional que excluía esa posibilidad (Horacio Serpa y el gavirismo, en especial Rafael Pardo y el mismo Gaviria). Distrae —que puede ser lo que busca—, pero además, crea nuevas confrontaciones al cuestionar a posibles competidores. En lo que al país se refiere, no se entiende qué buen resultado se podría esperar de revivir etapas superadas, y no aparece evidente porqué podría interesar este tema a los posibles inversionistas extranjeros, y, menos aún, porqué podría ayudar a atraerlos.

Otro aspecto que deriva de las ‘acusaciones’ del Dr. Uribe, es que la clasificación, y en todo caso el tratamiento que da a los delitos, no responde a una definición jurídica sino política. Al afirmar que la toma del Palacio de Justicia fue adelantada en conjunto con el narcotráfico, presenta esto como un agravante, tanto de la acción de los alzados en armas como de quienes al negociar el indulto habrían violado la Constitución.

En derecho, el tráfico de drogas no es delito atroz —según el lenguaje de la Carta de entonces—, ni de lesa humanidad —según el lenguaje actual—. Y aunque dentro de las ‘conversaciones de paz’ con los paramilitares parece haberse establecido que las violaciones al Derecho Internacional Humanitario y los delitos de lesa humanidad son menos graves que el narcotráfico, la verdad —y con razón— es que la motosierra es, según legislación nacional e internacional, más grave, y en consecuencia mas repugnante, que el negocio de drogas.

Lo que sucede es que la diferencia entre delitos políticos, delitos de narcotráfico y delitos de lesa humanidad, no se establece en función de cómo los contempla el Derecho, es decir, la Justicia y las Leyes, sino de acuerdo a las necesidades —y en consecuencia según lo decida— la política americana.

Bajo la ‘doctrina de Seguridad Nacional’ durante la guerra fría, el peor peligro era el comunismo, y el Gobierno Americano aceptaba y respaldaba dictaduras y delitos contra los Derechos Humanos como los regímenes de Batistas, Somozas, Duvaliers, Trujillos, etc., eventualmente subiéndolos por golpes de fuerza como a Pinochet. Con el final de esa confrontación, Estados Unidos declara asunto de seguridad nacional el problema de las drogas; se abandona el pretexto de la confrontación comunista y se somete el mundo —pero en especial al resto de América— al derecho de injerencia americano para combatir mundialmente el narcotráfico (no más creación de Contras en países no suficientemente sumisos, pero Panamá es invadido, y Noriega, a pesar de haber sido asalariado de la CIA, es derrocado por narcotraficante).

El 11 de Septiembre, o más correctamente la visión de Bush, convierte al terrorismo en amenaza para los Estados Unidos, y en consecuencia el ‘peor enemigo de la humanidad’. Lo que tanto alega nuestro gobierno, en cuanto a que no hay en Colombia conflicto armado sino ‘terrorismo’, no es para diagnosticar nuestro problema, ni siquiera para evitar someternos al Derecho Internacional Humanitario, sino para alinearnos con la voluntad Bush, siguiendo el actual ‘leit motiv’ de la política americana. No es coincidencia que las ayudas para perseguir el tráfico de estupefacientes, y de la cual se había excluido cualquier posibilidad de destinarlas a confrontar a los insurgentes, hoy se multipliquen para atacarlos bajo la calificación de ‘terroristas’.

Las palabras ‘Patria’ y ‘terrorismo’ que el Presidente martilla con tanta insistencia, responden, por su contenido y por su permanente repetición, a una técnica de manejo subliminal para dejar en la cabeza de los colombianos la idea que es un combate entre ‘el bien’ y ‘el mal’, ambos en términos absolutos. También el tema de ‘terrorismo’ lo utiliza para hacernos acreedores a los ‘beneficios’ que esto aporta al alinearnos con el Gobierno Americano. Ahora le encontró un nuevo uso en el campo electoral.