CON LA MISMA VARA QUE MIDES…


Por Juan Manuel López Caballero

Pocas cosas más cuestionables y más perversas que la forma en que el gobierno ha utilizado al señor Murcia como chivo expiatorio de sus deficiencias.
De un día para otro nos sorprendió la noticia de que estábamos en una situación de emergencia social por las operaciones de negocios de un particular. Parece eso una situación inconcebible y que no sucede en ninguna parte del mundo (las llamadas pirámides se dan en todas partes de vez en cuando, pero no ponen en jaque ni en emergencia las economías nacionales).

Distraer la atención hacia ese particular es 'hábil' (como en otras cosas lo es este gobierno) pero porque permite eludir lo que verdaderamente debemos atender: lo que falló fueron los controles institucionales puesto que en ellos es que recae la responsabilidad de que eso no suceda.

Pero si hay culpabilidad -más que responsabilidad- por omisión, igual o más grande la hay por las acciones subsecuentes. Estas no se limitan a la declaratoria de emergencia que puede (y debe) caerse, sino a la improvisación y falta de preparación o conocimiento con que se inició la 'intervención', ya que ésta se produjo de tal manera que causó todo el mal posible en estas situaciones (al fin y al cabo se trataba de justificar la declaratoria y de mostrar la monstruosidad del sindicado): el tema no es el Sr. Murcia y los otros directivos de DMG sino la actuación del Gobierno . Nos encontramos con que la acusación fue que en el futuro se iba a cometer un fraude (hasta ese momento no habían incumplido a nadie, no había ninguna queja ni demanda, y la captación era un sistema de prepago idéntico por ejemplo al de los teléfonos celulares o los clubes para comprar automóviles), y de ello se deriva que retroactivamente todo lo que tuviera que ver con ese grupo tiene una connotación delictuosa.

Pero, paradojas de la vida: los funcionarios de Palacio acaban padeciendo no solo la misma injusticia o absurdo de ser sindicados por aparecer en cualquier forma mencionados en relación al tema (no aplica a los hijos del Presidente), sino, como si fuera poco, a través de la misma ilegalidad gestada desde las propias dependencias de Palacio como son la grabaciones o 'chuzadas'; esas, que no puede ser usadas en ningún juicio, sí sirven para que los medios y el equipo de gobierno las conviertan en prueba reina en contra de sus funcionarios…
Que el gobierno utilice así esas 'interceptaciones' tiene algo más que la injusticia y hasta cierto punto la ilegalidad: le da legitimidad a todo aquel que las use (no es poca la tentación que tiene ya la Administración de Justicia para hacerlo) e incentiva a quienes se han dedicado a ello (no solo 'órganos de inteligencia' sino medios de comunicación y delincuentes), multiplicando a su turno el interés por seguir realizándolas... Es algo más que un mal ejemplo…

Por último queda la inquietud ya planteada en otra ocasión, de para qué se están soltando estas grabaciones y quién lo está haciendo (y por supuesto cuántas más faltan y cuánto más nos van a distraer del juicio que se debe hacer tanto a las políticas como a las ejecutorias de nuestros administradores).

Marzo 20 de 2009.