¡ESTE FUNCIONARIO ES UN PELIGRO!


Por Juan Manuel López Caballero

Se refiere el título al Presidente de la República, pero, fiel al principio de no controvertir sobre la naturaleza de las personas, solo tocaré sus actuaciones en ejercicio del cargo que ocupa.
Es un peligro porque como actor directo o como cómplice ha transgredido buena parte del código penal.

La referencia al 'bloque de intelectuales de las FARC' es difamación, injuria o calumnia contra quienes, como él lo dice, 'hablan de paz', en referencia suficientemente directa a quienes lograron iniciar un diálogo que permitió la liberación de 6 de los cautivos de la guerrilla.

También fue una forma encubrimiento el de casos como los del Director del DAS o los hechos de Guaitarilla, o las varias veces que se pronunció absolviendo por adelantado a quienes sindicados de delitos él defendió; o, si se quiere ser benevolente, fue solo obstrucción a la justicia al poner todo el peso de la institución que representa en el camino de un proceso judicial.

Pero también es culpable de la violación al Derecho Internacional con el bombardeo a un país vecino; y de que se infringieran las normas del Derecho Internacional Humanitario al utilizar indebidamente los signos de la Cruz Roja.

E incitó al crimen cuando ordenó 'a esos que todavía quedan… acábenlos por cuenta mía' en el caso de los miembros de la banda sicarial 'Yiyo' y 'Douglas'.

O prevaricato en el trámite del referendo en el Congreso al citar a sesiones extraordinarias cuando éste no se encontraba en receso.

O abuso de autoridad, con la orden de detenciones in situ, o al vincular al país a guerras completamente ajenas a nosotros.

O peculados por desviación, al disponer de recursos por fuera del presupuesto o crear partidas sin apropiación previa, como si fueran suyos y no de los contribuyentes los dineros del Estado.

O prevaricatos por omisión al incumplir la obligación constitucional de buscar la paz.

O conspiración en el caso de las visitas de alias 'Job' al Palacio de Nariño.

En fin, en otros casos más graves derivados de sus políticas y de los intereses de algunos sectores que lo respaldan se podrá alegar que solo los propició, los permitió, y se benefició de ellos, pero que no es claro que todos estos son delitos, o que no es claro que él es responsable de ellos, o que la naturaleza culposa y no dolosa de los mismos no llevaría a una sentencia de culpabilidad. Tal sucede con los 'falsos positivos', el cohecho (Yidis y Teodolindo), los perjurios (Tasmania), o los medios con los cuales obtuvo los resultados electorales a su favor, todos estos derivados de su propuesta política aunque no de una orden expresa de él. En un juicio eso es lo que se esclarecería…

Pero como se señaló al inicio el verdadero mal está en que él representa una institución -ni más ni menos que la Presidencia de la República- y es a nombre de ella que está ejerciendo todas esas conductas en esa línea fronteriza del delito. El principio de que 'todo se vale', cuestionado en su aspecto ético como estrategia de guerra, se trasplanta y replica en forma igual o más grave en lo jurídico, aplicándolo a la función del gobernante, y sentando una especie de precedente o de 'jurisprudencia' según la cual, amparado por el respaldo cierto o supuesto de las mayorías, el presidente puede pasar por encima de las normas del código penal que le obstaculicen sus propósitos o sus programas.

Febrero 13 de 2009.