¿CULPA DE DMG O DEL GOBIERNO?


Por Juan Manuel López Caballero

La campaña desatada por el gobierno contra DMG y el señor Murcia merece algo de análisis. Hay una manipulación o estrategia destinada a convertir a Murcia en el más malo de los malos y el responsable de todo lo que se viene encima, y para ello se busca motivar a la opinión pública más que informarla (ejemplo: el noticiero de RCN televisión o Radio Casa de Nariño). Y no hay duda que de por medio está la reacción del Presidente porque el Sr. Murcia se atrevió a desafiarlo.

Pero lo que importa es dónde estamos, para dónde se va, y de dónde se viene:

El decomiso, o incautación, o el nombre que se le dé a la toma de los bienes de las compañías intervenidas, no es simplemente la acción de apoderarse de ellos: para legalizar esto falta mucho proceso judicial (la confiscación solo existe para casos de guerra). Además la mayoría está en forma de inversiones, bien para montar las empresas que conforman el grupo (lo que hasta ahora se está investigando en qué consiste, pero que implica bienes raíces, maquinaria, vehículos, etc.), o bien para lo que se supone que es su negocio, en electrodomésticos y contratos de servicios. Es decir que lo improvisado (¿emocional?) de la intervención del Gobierno diferirá y reducirá lo que se recupere a una mínima parte de lo que se ha creado como expectativa.

Respecto a hacia dónde vamos, la declaratoria de emergencia (que no responde a una situación sobreviniente o inesperada como lo exige la norma) y sobre todo los decretos subsiguientes (reformas al código penal mediante decretos) son más que cuestionables y pueden llevar (deberían y es probable que así suceda) a una declaratoria de inconstitucionalidad que dejaría todo lo hecho en un limbo sin salida posible, es decir un caos jurídico-económico.

Y ahora se habla de una DMGPolítica como si se tratara de la parapolítica, atacando desde colaboraciones a las campañas electorales, pasando por el patrocinio de eventos, hasta las aproximaciones al hijo del Presidente, etc., como si en su momento todo no hubiera operado bajo el amparo y la supervisión del Estado, sin que hubiera diferencia legal entre ese conglomerado y cualquier otro de los que controlan el país, y como si los que hubieran tenido cualquier contacto con esa persona o esa empresa fueran parte de una banda mafiosa.

Porque el objetivo es exonerar al gobierno de la responsabilidad por el daño causado a ahorradores y proveedores, por el futuro caos jurídico-económico que está creando, pero sobre todo por su culpa en la generación de esta situación: el manejo del ahorro del público es discrecional y es una responsabilidad y atribución que la Constitución asigna personalmente al Presidente (por eso el Superintendente es agente directo de él, y no depende ni es subalterno del Ministro de Hacienda); solo que la dedicación del Dr. Uribe a lo que llaman la 'microgerencia' (en los consejos comunitarios) impidió que dimensionara y atendiera este problema que sí le competía.

La vinculación con platas del narcotráfico puede llegar a ser cierta, pero lo cierto para quienes manifiestan contra el gobierno es que a ellos les venían cumpliendo (y durante varios años); de donde la paradoja de que quienes sí recibieron beneficios los tendrían derivados de una actividad ilícita, y que quienes fueron perjudicados, lo fueron por la intervención del Gobierno.