LAS JUGADAS SE AGOTAN |
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La venida simultánea de la Corte
Penal Internacional (CPI) y de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) da una idea de la situación de Colombia en este
campo. Como además coincidió con el enfrentamiento entre
la Corte Suprema y el Presidente, y con la primera sentencia del CIDH
respecto al "choque de trenes", es de sorprenderse la mínima
atención dada a este evento. Muchos se deben sentir aludidos por este mensaje. Por supuesto los paras beneficiarios de las leyes 'benevolentes' y los líderes de las guerrillas. Pero la esencia misma de la Corte Penal Internacional es que es una instancia subsidiaria, que solo tiene competencia cuando los órganos o los responsables internos no hacen cumplir 'en forma genuina' las normas que constituyen su jurisdicción: lo primero que evalúa no es al delincuente sino la actuación del Estado, de su justicia, de su legislatura y de su gobierno. Es decir, ante todo a quienes respaldaron o fueron respaldados por grupos culpables de delitos bajo esa jurisdicción, o sea quienes los juzgan y quienes orientan las medidas que pueden llegar a ser consideradas 'protectoras' de los culpables. Por eso quienes hoy están compareciendo ante esa Corte son jefes de gobierno y altos funcionarios de los Estados que violaron esas normas o que no cumplieron con el deber de sancionar en forma debida a los culpables. Manejó hábilmente el Presidente su propia situación al adelantarse a ofrecer retirar el salvamento para que la Corte pueda operar para crímenes de guerra, y al seguir la insinuación de priorizar y diferenciar los responsables de mando del resto de los ejecutores. Y mejor aún su imagen interna al evitar de los medios (o con los medios) una evaluación de lo que sería su propio caso. Pero tanto interna como internacionalmente las jugadas se agotan. Ante la forma en que se repiten y progresan los cuestionamientos y las acusaciones por varios vínculos non sanctos de quienes han sido su respaldo más cercano o incluso de él mismo, hasta ahora habilidosamente ha sorteado la situación, unas veces con desafíos y rabietas a nombre de la defensa de la dignidad o de la 'hombría', y otras por la aparición de otros temas que relegan a un segundo plano el que está en discusión. Pero pareciera que la repetición de la posición 'frentera'
y la cantidad de intervenciones personales del Presidente para responder
y usualmente atacar a quien lo cuestiona empiezan a producir un negativo
para su imagen y ser menos efectivos para desviar la atención
hacia temas diferentes de las críticas que se plantean. La que parecía más evidente era la de aceptar un acuerdo
humanitario; sin embargo la estrategia usada alrededor del tema podría
haberse convertido en un 'tiro por la culata'. En parte porque dio
protagonismo y espacio a quienes representan la posición contraria
en el espectro político, y en parte porque crearon molestia
en quienes eran su máximo respaldo (en ambos casos tanto en
lo interno como en lo internacional). Es claro que el Presidente se
había autoacorralado, pues en caso de darse una solución
le caería la responsabilidad y la acusación de ¿porqué
no haberlo hecho antes? Tal problema se había agravado además
con la muerte de los diputados. La salida encontrada para mostrar
buena voluntad sin renunciar a su posición ni asumir ese fracaso
fue dar la apariencia de dejarlo en manos de quienes se ven como sus
extremos opuestos. Una segunda opción como la entrega de los narcoparamilitares solicitados en extradición, distraería de cualquier otro tema, daría satisfacción a quienes están en la incertidumbre respecto a las acusaciones, y hasta cierto punto las descalificaría, pero implicaría distanciarse de quienes lo ayudaron a subir al poder; no solo significaría incumplir los compromisos adquiridos con ellos sino abandonar las políticas que él mismo le ha impuesto al país. Sería una jugada fácil y probablemente útil para resultados inmediatos como la aprobación americana al TLC pero conllevaría un cambio de tablero de juego donde no se sabe en qué quedaría su propia posición. Y otra posible jugada sería con algún pretexto ofrecer su renuncia para que se promueva una especie de plebiscito de respaldo, como lo hizo el Dr. Carlos Lleras ante las acusaciones contra Fadul y Peñaloza. Esta jugada podría sin embargo terminar en que, para quedarse, la alternativa fuera adelantar una o ambas posibilidades anteriores, caso en el cual si no las escogió antes no sería de descartar que prefiriera hacer efectiva la amenaza (entonces un Pacho Santos presidente y amigo de las ONG y de los Derechos Humanos sería incómodo). |
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