LA POLÍTICA DE HOOD ROBIN


Por Juan Manuel López Caballero

Hasta 1990 regía en el país el sistema estatal y solidario de pensiones (llamado de prima media) administrado por el Instituto de Seguro Social, según el cual la llamada pirámide demográfica y la permanencia del sistema garantizaban que los ingresos por los nuevos cotizantes cubrirían las obligaciones con quienes, por haber entrado el tiempo necesario atrás, tenían el derecho de jubilación adquirido.

El cambio en la natalidad y en la expectativa de vida de los ancianos requería entonces ajustes a la edad, a las cotizaciones y a los topes (como se hizo en varias países donde ese sistema existía) pero nosotros, en pleno arrebato con el modelo neoliberal, optamos por cambiar de esquema y convertir el sistema pensional a la modalidad de ahorro individual en el cual cada ciudadano cotiza a lo largo de sus vida lo que en la práctica es una cuenta personal.

Esto se implementó a través de la Ley 100 de 1993, la cual consistía en un programa de marchitamiento del Instituto, según el cual los dineros que ahorran los colombianos para su futuro pasaría a ser instrumento de lucro para quienes tuvieran la capacidad de montar el tipo de sociedades autorizadas para ese fin.

El Estado había dejado de aportar entonces al Seguro Social 14 billones de pesos de contribuciones obligatorias, con el argumento de que era equivalente a pagarlos y que el ISS se los prestara. Como se previó que en el proceso el número de nuevos aportantes disminuiría (entrarían al régimen privado), y que por lo tanto durante la transición los ingresos no cubrirían las pensiones ya creadas, se sustituyó el pago de esa deuda por el que la Nación asumiera la totalidad de la obligación. Naturalmente el Gobierno entraba a disponer de las reservas, lo cual hizo destinándolas a inversiones (o supuestos rescates) como el Banco Central Hipotecario o Granahorrar.

Es decir que no hay tal situación crítica, ni ‘bomba pensional’, ni sobre todo la iliquidez del ISS se debe a ‘pensiones exorbitantes’ o a ‘regímenes privilegiados’: lo que hoy vivimos es el desarrollo de una política escogida que está funcionando como previsto (agravada sí por el destino de las inversiones y porque el desempleo ha disminuido aún más la cantidad de cotizantes)

Eso es claro en la Ley, y lo que el Gobierno presenta hoy como ‘crisis del sistema pensional’ -con sus distorsiones falsas o ciertas- no es sino un pretexto para buscar nuevas fuentes con las cuales cubrir un déficit fiscal originado en otras causas. Se pretende así que la población más vulnerable subsane las deficiencias en las políticas o en la administración del actual o de anteriores gobiernos: el gravar las pensiones y eliminar la mesada 14 es desposeer de un derecho a quienes les tomó su vida el adquirirlo, y quienes, a diferencia de quienes aún están en edad productiva, no tienen forma de reemplazarlo.

Igualmente el crear y destinar un IVA del 4% de la canasta familiar al pago de pensiones es asignar a quien no puede, la carga de lo que no debe ni tiene, desde el punto de vista jurídico o de la equidad social, porque soportar (así se ha pronunciado ya la Corte Constitucional). (De hecho, por las reformas laborales y el deterioro del empleo, hoy el Estado se está apoderando de las contribuciones de quienes cotizan, puesto que el promedio del trabajador colombiano según la estadística del Dane solo alcanzaría su pensión después de los 90 años).

Responde esto al enfoque y manejo Fiscal fijado por el Gobierno al señalar como prioridad presupuestal el pago de la deuda y de los gastos para la ‘seguridad democrática’, lo cual obviamente implica sacrificios en los otros rubros como la creación de infraestructura, o, lo que es más cuestionable, lo que en general se llama inversión social -salud educación, empleo, etc.- (que bajó del orden del 9% al orden del 3.5% del presupuesto).

Pero por otro lado el mismo Gobierno en la segunda reforma tributaria al permitir como deducción la reinversión de las utilidades creó la exención que, incluso a juicio de analistas tan defensores del sistema como Juan Camilo Restrepo o Juan Manuel Santos, es al mismo tiempo la más grande y más sorprendente de todas. Esto ha sido cuestionado por lo inequitativo socialmente, puesto que es dar a los grandes capitales un privilegio al cual no pueden acceder las clases menos favorecidas.

Pero es aún más incomprensible desde el punto de vista fiscal, puesto que esa reinversión de utilidades existe ya sin recibir premio alguno por ello -recuérdese que eso explica que los bancos tengan disponibilidad de 27 billones de pesos de crédito sin demanda-. Con esto además refuerza el fenómeno de que los bancos en vez de cumplir su misión de trasladar el ahorro a inversión, continúen viviendo de los intereses que le paga el Estado por los TES.

Por eso, recordando al famoso Robin Hood que quitaba a los ricos para darle a los pobres, se dice que el actual gobierno sería, invirtiendo el orden de los factores, el de Hood Robin: el que quita a los pobres para dar a los ricos; se beneficia a las grandes empresas mediante regalos tributarios, y se aseguran de paso los excelentes resultados del sistema bancario, creando un hueco fiscal que se compensa con los tributos que se exigen a los sectores más débiles de la comunidad.