JUSTICIA INTERNACIONAL

POR JUAN DIEGO GARCÍA

Ni en el sonado juicio de Nürenberg se alcanzó a ejercer una justicia plena pues si bien se juzgó a algunos jerarcas del fascismo, los grandes responsables y usufructuarios del Tercer Reich (los más destacados capitalistas alemanes) y cientos de miles de ejecutores de crímenes atroces salieron indemnes y no faltó quien luego apareciera como destacado "demócrata" en la nueva Alemania. Frank Joseph Strauss es uno de los casos más notorios sin duda, pero ciertamente no el único. Tampoco fue justicia plena porque los jueces se limitaron a juzgar a los vencidos pero exoneraron de toda responsabilidad a los responsables de otros crímenes, cometidos esta vez en nombre de la democracia y la libertad. En efecto, las tropas aliadas bombardearon indiscriminadamente a la población civil y cometieron mil tropelías que aparecen claramente tipificadas como crímenes de guerra. Se utilizó la bomba atómica contra la población indefensa de Hiroshima y Nagasaki y sus autores no solo no fueron juzgados por ello sino que se convirtieron en héroes casi míticos, en un ejercicio de obnubilación colectiva muy similar al que afectó a la población japonesa que mayoritariamente pensaba lo mismo del ejército nipón, a pesar de su comportamiento salvaje.

Nunca se sometió a juicio a los responsables de las guerras imperialistas ni menos aún se juzgó a los colonialistas por sus crímenes de lesa humanidad. Tampoco existe hoy iniciativa alguna para sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de las actuales guerras neocoloniales en África y Asia ni a los promotores de las dictaduras latinoamericanas. En todo caso, se juzga a responsables menores y -como en Nürenberg- se exonera discretamente a los verdaderos culpables.

Las guerras en Asia y África, por ejemplo, tienen reconocidos impulsores y beneficiarios. Tras los protagonistas directos, sean éstos dictadores esperpénticos (de esos que hoy se apoyan y mañana de condenan según convenga) o movimientos de pintorescas denominaciones (como el "Ejército de Resistencia del Señor") están las multinacionales en busca de materias primas y mercados o los gobiernos "democráticos" que quieren asegurarse bases militares y zonas de influencia. El dictador local y sus huestes son sin duda sujetos menores en estos dramas que arrojan millones de muertos y desplazados, miseria y atraso a quien los padece y enormes ganancias a quien los promueve. Se enjuicia al dictador, llámese Charles Taylor de Liberia, Slobodan Milosevic de Yugoeslavia o -el caso más reciente- Omar Al Bashir, presidente de Sudán. Pero esos tribunales supuestamente encargados de la justicia internacional se cuidan mucho de acusar a las empresas que financian las guerras o enjuiciar a los gobernantes europeos o estadounidenses que las propician.

América Latina no es la excepción. También aquí la justicia se reduce en el mejor de los casos a condenar a los ejecutores directos mientras la impunidad salva a los responsables verdaderos de guerras y dictaduras. Ni un solo empresario chileno o argentino ha sido juzgado por su responsabilidad directa en los golpes militares y sus consecuencias. Los crímenes de lesa humanidad cometidos se reservan a algunos personajes menores o -como en el caso de Augusto Pinochet- se recurre a las excusas más británicas para evitarle molestias al anciano dictador, muerto tranquilamente en su hogar y sepultado con todos los honores. Y en el caso de Brasil, ni siquiera eso; un espeso manto de silencio cubre las responsabilidades de militares y civiles. Tampoco el señor Kissinger, siniestro artífice de estas dictaduras será llamado jamás a juicio. También morirá tranquilamente y será honrado como gran demócrata y hasta premio Nobel de la paz. Nadie responderá tampoco por los muchos crímenes de Estado en México; ni los de antes con el PRI, ni los de ahora con el PAN.

Esta dura realidad otorga mayor mérito al Tribunal Permanente de los Pueblos reunido entre el 21 y el 23 de julio en Bogotá, en cuyas sesiones se comprobó de nuevo la enorme responsabilidad del Estado colombiano en la comisión de delitos generalizados de lesa humanidad mediante el diseño de un sistema complejo de terror oficial cuya forma actual es el llamado "plan Colombia" y la política de "seguridad democrática" de Uribe Vélez. Los excesos y delitos cometidos por los insurgentes (incluidos el secuestro, la extorsión de gentes adineradas y las ejecuciones) aunque son igualmente repudiables resultan de modestas dimensiones en comparación con la magnitud del terror oficial y paramilitar.

Este Tribunal Permanente de los Pueblos es tan solo una instancia moral, sucesora del Tribunal que en su día erigió el filósofo y humanista Bertrand Russel poniendo en la picota al gobierno de los Estados Unidos por la guerra en Indochina. Como éste, sus decisiones no tienen consecuencias legales para los implicados ni constituyen obligaciones para los estados. Sin embargo, contribuyen y mucho a la denuncia y sobre todo a poner en evidencia la hipocresía del llamado Tribunal Penal Internacional que ahora desea enjuiciar al gobernante sudanés.

El Tribunal de los Pueblos no se quedó corto y junto al gobierno colombiano sentó en el banquillo también a conocidas empresas multinacionales, por propiciar y financiar el paramilitarismo, sobradamente conocido por sus crímenes atroces. En las sesiones del Tribunal han sido juzgadas por su complicidad en el terrorismo de Estado y el paramilitarismo multinacionales tan conocidas como Coca-Cola, Nestlé, Chiquita Brands, BP, Oxi, Repsol, Drummond, Cemex, Holcim, Muriel, Glencore-Xtrata, Anglo American, Bhp-Billington, Anglo Gold, Monsanto, Smurfit Kapa- Cartón de Colombia, Multifruits Sa- Del Monte, Aguas de Barcelona, Canal Isabel II, Endesa, telefónica y TQ3. (más información al respecto en TPPsesioncolombia@gmail.com).

La mayor paradoja sin embargo es que la argumentación del fiscal del Tribunal Penal Internacional de La Haya contra el presidente sudanés resulta aplicable al mismo Uribe Vélez, ahora tan celebrado y exonerado de todas las acusaciones que pesan sobre él y su gobierno. En efecto, el fiscal Moreno Ocampo argumenta que Omar Al Bashir debe comparecer ante la justicia porque…"tras la investigación de los crímenes presuntamente cometidos en territorio de Darfur (Sudán), la fiscalía ha concluido que hay bases razonables para pensar que Omar Al Bashir tiene responsabilidad criminal por delitos estipulados en el Estatuto de Roma". ¿No es acaso similar la situación de Colombia e igual la responsabilidad de sus autoridades?. El fiscal agrega…"La fiscalía no afirma que Bashir cometiera directa o físicamente dichos delitos. La comisión se hizo a través del aparato del Estado, el ejército y las milicias yanyahuid". ¿no es también aplicable esta acusación a las autoridades colombianas?… Y el fiscal continúa… "(Bashir) creó y aplicó un plan para destruir una parte sustancial de las etnias fur, masalit y zaghawua". En Colombia ocurre exactamente igual con indígenas y comunidades negras, objetivo prioritario de terratenientes, empresas petroleras y paramilitares, como lo reconocen diversas instituciones internacionales de derechos humanos (incluida la misma ONU). Por último, los motivos alegados por Moreno Ocampo para acusar a Bashir servirían igualmente para acusar de terror oficial y crímenes de guerra a Uribe Vélez, sus antecesores y sus aliados extranjeros; en efecto, del gobierno colombiano puede igualmente afirmarse que…"Sus motivos eran políticos. Su coartada era la contrainsurgencia. Su intención era el genocidio".

Solo si Uribe (como Fujimori en Perú) cae en desgracia con los gringos y la oligarquía local que hoy le sostienen, a lo mejor se verá en el futuro sentado en algún banquillo, alegando los mismos olvidos que hoy utiliza para negar sus vínculos con el paramilitarismo, evadir sus responsabilidades en la corrupción generalizada que corroe al país y en la violación de las leyes que juró respetar.