Los congresistas del Polo Democrático
Alternativo (PDA) Wilson Arias y Hernando Hernández en un bien
documentado debate en la Cámara de Representantes alertaron al
país de que China y Brasil serían los principales compradores
de tierra en Colombia, a través de empresas transnacionales
Denunciaron, igualmente, varias irregularidades en la adquisición.
Habrían recibido incluso recursos de Agro Ingreso Seguro. También
señalaron que los países del Golfo, India y Japón,
entre otros, aspiran a quedarse con grandes extensiones de América
Latina. La crisis financiera, la falta de agua y de tierras, son entre
otros, los alicientes de este fenómeno.
Por ello, plantearon como tarea urgente, reformar la Constitución
para, de una parte, prohibir la venta de tierra colombiana a países
y compañías extranjeras y, de otro lado, garantizar la
producción y consumo de alimentos para los colombianos. Es el
modo de evitar el hambre y la dependencia de nuestra nación,
sostuvieron los congresistas Hernández y Arias, en un concienzudo
debate realizado en la Comisión Quinta de la Cámara de
Representantes.
Los parlamentarios PDA denunciaron que, ante la falta de tierra y aguas
en sus propios territorios, un grupo de naciones con grandes recursos
económicos está acaparando la mayor cantidad de tierra
que pueda.
"Algunos países amenazados por tales compras se defienden,
pero en el caso colombiano, los funcionarios de gobierno los colman
de dispensas, incluso, de Agro Ingreso Seguro", denunció
el representante Wilson Arias.
Escogen para comprar hasta a países que padecen hambre (como
Camboya y Sudán), pero cuyos gobiernos son indolentes ante las
penurias de sus pueblos y la pérdida de soberanía. Los
"jugadores" de estos nuevos negocios son gobiernos, pero de
preferencia lo hacen a través de sus Empresas Transnacionales
(ETN) y del sector financiero, ávido de una rentabilidad que
propicia la crisis alimentaria. Todo bajo las pautas del Banco Mundial
que reclama la "dinamizaciòn" del mercado internacional
de tierras y la adecuación institucional, territorial y de infraestuctura,
en la vía del TLC.
"Hace días el Presidente de la Sociedad de Agricultores
de Colombia (SAC) explicó que China quería comprar 400.000
hectáreas en las que desde la semilla y su siembra, los insumos,
equipos, maquinaria y mano de obra sería chinos, y el destino
del grano (arroz) allí producido sería también
china. Es el típico enclave, en el marco del colonialismo agrario".
Agregaron los cogresistas del Polo que un caso singular lo representa
Brasil en América Latina. Como otros varios gobiernos de la región,
el de Brasil ha concebido una reforma constitucional que prohíba
la compra masiva de tierra por otras naciones y empresas extranjeras.
Pero sus propias compañías privadas han salido a acaparar
tierra en los países hermanos. "Tal es el caso del grupo
empresarial Mónica Semillas, que se ha valido de la anuencia
de funcionarios colombianos que le han permitido violar la legislación,
?como adquirir grandes extensiones mediante "fraccionamiento"
para violar la limitación legal al tamaño de la compra
(la Unidad Agrícola Familiar - UAF)?, y en algunas zonas además,
valerse del fomento y estímulos supuestamente reservados para
los pequeños productores nacionales".
"En la Orinoquía se vienen haciendo adecuaciones de suelos,
grandes inversiones, obras de infraestructura, distritos de riego, carreteras
y hasta entregando subsidios no reembolsables de Agro Ingreso Seguro
no sólo a los grandes empresarios colombianos sino, para mayor
vergüenza, con destino a compañías extranjeras como
Mónica Semillas. Si es ya de por sí insoportable que todo
se dirija a los grandes empresarios mientras los pequeños productores
y campesinos colombianos se arruinan todos los días, más
lo es que los beneficios concebidos en nombre de éstos, se le
entreguen a compañías extranjeras que vienen a acaparar
nuestros suelos", precisaron los congresistas Arias y Hernández.
El proyecto de la Orinoquía , como en general el de la gran plantación
con destino a la agroexportación, replica el "modelo Carimagua",
es decir, concentra aún más la propiedad de la tierra
en los grandes propietarios; les dispone enormes inversiones públicas;
ignora las necesidades alimentarias de la población y expulsa
al campesinado o lo somete a un mercado "monopsónico"
(único comprador), donde el gran hacendado le impone las condiciones,
le impone una "asociación" desventajosa que le atrapa
en un circuito de crédito, entorno, distribución y comercialización
condicionados, a veces únicos y objeto de grandes presiones incluso
violentas, cuando no lo somete como peón de la hacienda, bajo
sistemas de precarización laboral tipo Cooperativas de Trabajo
Asociado.
Los Representantes Arias y Hernández, demandaron del gobierno
la defensa de la soberanía, del concepto de Nación y de
la integridad territorial; pidieron a los organismos de control investigar
las graves denuncias señaladas y explicaron que el Polo Democrático
Alternativo prepara un Acto Legislativo que limite la venta de tierras
a compañías y gobiernos extranjeros.
GOBIERNO DE SANTOS IMPULSA LA GRAN PROPIEDAD
Por su parte, para el congresista Jorge Enrique Robledo, vocero del
PDA en el Senado de la República, quien también participó
en el debate citado por Arias y Hernández en la Comisión
Quinta de la Cámara, dejar el agro en manos de extranjeros "es
sinónimo de monopolio y gran propiedad", porque las trasnacionales
no llegan al país a confinarse en minifundios.
Este fenómeno, dijo, guarda también estrecha relación
con la soberanía nacional. "Como lo prueba una experiencia
secular, quien sea dueño de la tierra cobra un inmenso poder
político. Es el riesgo para la soberanía lo que ha hecho
que el debate esté cobrando proyección mundial, al punto
que países como Brasil y Uruguay ya han aprobado leyes que limitan
la entrega de predios rurales a extranjeros. No menos serio es el riesgo
para la seguridad alimentaria del país, al igual que monopolicen
los distintos recursos necesarios para la producción".
Al insistir en que la política agraria de Santos es la de la
del impulso a la gran propiedad, según lo muestran los artículos
63 y 69 de su programa de gobierno, el vocero de la bancada del PDA
en el Senado anunció que su partido estudia presentar un proyecto
de reforma constitucional que prohíba entregarles las tierras
rurales del país a los extranjeros.
Robledo pidió un debate nacional sobre estos temas y concluyó
denunciando que el artículo 18 del proyecto de ley de víctimas,
sobre sostenibilidad fiscal, puede convertir en burla cualquier medida
que decrete el Congreso. Por ello, pidió retirarlo del articulado.
Bogotá, diciembre de 2010.