EL IMPACTO DELCONFLICTO ARMADO Y LOS EFECTOS DEL NEOLIBERALISMO EN COLOMBIA

POR PIEDAD CÓRDOBA

Una niña involucrada en el conflicto armado de mi país, al ser detenida en la ciudad de Medellín por la Fuerza Pública, declaró a los periodistas: “en Colombia para sobrevivir hay que ser rico o ser peligroso”. Este patético aforismo traduce con elocuencia el clima azaroso que se percibe en este territorio del hemisferio sur del continente americano.

Los colombianos y las colombianas de este tiempo estamos atrapados entre la espada de una confrontación militar y una violencia sin sosiego desde hace ya ocho lustros y que produce 31.000 homicidios cada año y la pared del modelo neoliberal con sus políticas de ajuste estructural de la economía y de desmonte del Estado Social de Derecho, que nos ha llevado a contabilizar un 63 por ciento de la población por debajo de la línea de pobreza y una cuarta parte de esta cifra en niveles de miseria extrema.

En los últimos 14 años desde la puesta en marcha del modelo neoliberal, el país ha sufrido un proceso de desagriculturización, desindustrialización y terciarización que ha arrasado con gran parte de los ecosistemas, destruido el aparato productivo, reducido los espacios de trabajo y generado una crisis económica sin precedentes. Hoy es evidente la hegemonía del capital financiero sobre el capital productivo. Sin cultura de acumulación y de inversión Colombia tampoco ha logrado alterar la estructura productiva de manera creadora y funcional para el desarrollo económico.

La antropóloga colombiana María Victoria Uribe afirma que el actual conflicto colombiano es comparable con los de Sri Lanka e Irlanda de Norte, en cuanto “hace parte de la larga historia de crímenes perpetrados a cuenta gotas, de crímenes anteriores y éstos a otros aún más anteriores. Episodios que pueden durar unas horas, unos días o hasta meses y que a partir de su ocurrencia profundizan el sisma nacional”.

El escalamiento de la guerra interna está modificando el modo de apreciar la realidad de nuestros compatriotas. Ahora somos temerosos y desconfiados, sin embargo, estamos “al filo de la oportunidad”

HACIA UNA CULTURA DE PAZ EN MEDIO DE LA CONFRONTACIÓN

De modo que, para este auditorio, resultaría paradójico que en tales condiciones pudiésemos hablar de cómo estamos intentando desde posturas democráticas construir una cultura de paz. Tanto más cuanto que en la última década, con muy breves excepciones, hemos padecido el gobierno endurecido de unas élites del poder ligadas a los dictados del guerrerista presidente estadinense y a una tragedia que ya alcanza proporciones bíblicas en las corrientes de desplazados por la guerra.

La prolongación de esta confrontación se sustenta en múltiples causas que ya eminentes cientistas sociales de Europa han problematizado desde perspectivas políticas y sociológicas. Algunas de ellas son estructurales asociadas con la marginalidad social, la exclusión política, el irritante incremento de la pobreza; otras son las asimetrías regionales y el incremento de la justicia privada, que deja a la sociedad abandonada a sus propias dinámicas, sin que la resolución de sus tensiones pase por los aparatos estatales. (Cinep 2003)

Algunos autores desarrollan la idea central según la cual en nuestro país ha existido un Estado débil, con grandes problemas de legitimación y poca presencia institucional, incapaz de regular los conflictos sociales y económicos. Esa debilidad lleva como contrarrespuesta un alto componente coercitivo frente al bajo índice de inversión social.

A la par con la debilidad estatal parece darse un desmoronamiento de la conciencia nacional. En nuestro país las tragedias cotidianas del conflicto armado suelen ser muchas veces invisibilizadas por los medios de comunicación. Nos estamos asesinando entre colombianos y muy pocos parecen percatarse de que de esa manera se destruye nuestro patrimonio colectivo; proseguimos sembrando odios. En términos del historiador Marco Palacios –actual rector de la Universidad Nacional de Colombia-, nos hemos inventado un enemigo interno, y con implacable lógica fratricida aceptamos que al enemigo interno hay que exterminarlo.

Sin embargo, es importante señalar que si bien estos factores le dan pábulo a diversas interpretaciones de las causas del conflicto, un recorrido por la historia colombiana nos muestra que Colombia no siempre ha sido tan violenta como es ahora y que es realmente poco lo que sabemos sobre el tema.

Para el colombianista Malcom Deas “se trata de una violencia política que busca el poder en los lugares donde el Estado apenas si puede reclamar el monopolio de la fuerza, por lo que la lucha muchas veces no se da contra el Estado sino contra otros rivales”. Esta afirmación se ve reforzada por las ideas de la poca deferencia de la población frente a la autoridad y de la debilidad de las instituciones.

No puede válidamente afirmarse que los colombianos somos esencialmente violentos, pues es en la desinstitucionalización del país, en la fragmentación societal y en el desorden político en donde pueden hallarse los factores que propician la violencia.

FRAGMENTACIÓN SOCIAL Y DIVISIÓN POLÍTICA

En este breve recorrido podemos observar una falta de consenso nacional en torno a la naturaleza y los orígenes del conflicto. Y por supuesto frente al significado de las negociaciones con los grupos armados. Cada sector o grupo social, según sean sus expectativas frente al país o la afectación y cercanía del conflicto, tiene un enfoque peculiar de la realidad que le suscita un imaginario generalmente contradictorio, muchas veces estimulado por la ausencia de una pedagogía de los medios masivos de comunicación en relación con las posibilidades bienhechoras de una salida política negociada. Esta circunstancia de “malentendidos” se encuentra favorecida por la aguda fragmentación social y la fuerte división política que en Colombia se expresa en setenta y cuatro partidos y movimientos sin identidad ideológica y programática en su interior, lo que sin duda conduce a una fragilidad extrema de la gobernabilidad democrática.

La crisis de representación y mediación que aporta elementos sustanciales a la deslegitimación de la política partidista en Colombia, ha permitido que actores provenientes del espejismo de la “antipolítica” o del corporativismo, así como la tenebrosa presencia de paramilitares en el actual Congreso de la república, agraven aún más el panorama del Estado e impidan la construcción colectiva de las soluciones a los problemas del país.

En este contexto la política como instrumento colectivo de construcción del orden social y como manifestación articuladora de los diversos intereses de la sociedad, ha sido demonizada.

A su turno, la creciente debilidad del subsistema de partidos como organismos cuyas prácticas de adscripción clientelar suelen generar desconfianza y malestar en los electores, se manifiesta en volúmenes considerables de abstención.

La falta de partidos orgánicos y fuertes, sin poder de interlocución frente al conflicto sociopolítico interno, intentó ser remediada con una precaria reforma política cuyo énfasis electoral atomizó aún más esas fuerzas e hizo nugatoria su capacidad de mediación ante la aguda y multidimensional problemática colombiana.

Tras el fallido intento de negociación política con las FARC, la mayoritaria y más antigua organización insurgente del país, los colombianos decidieron apoyar la opción de la guerra representada en el líder de la derecha neoliberal Álvaro Uribe Vélez. Antes de posesionarse, el presidente electo emprendió una serie de acuerdos con el presidente Bush para situarse en la línea de la doctrina de la seguridad y con el Fondo Monetario Internacional para asegurar, mediante políticas de ajuste estructural de la economía, el pago de la deuda externa.

Una vez en el poder, Uribe Vélez produjo medidas de excepción constitucional, dentro de la figura de Conmoción Interna y lanzó su programa de Seguridad Democrática que condujo a la militarización extrema del país. Inició un proceso de diálogo y negociación con los grupos paramilitares, creó un rubro presupuestal para informantes civiles y puso en marcha reformas tributarias y de flexibilización laboral que debilitaron a la población asalariada y eliminaron instituciones estratégicas del Estado. Las disposiciones estaban encaminadas a adelgazar la capacidad regulatoria del Estado y a facilitar la territorialización de megaproyectos transnacionales, con lo cual fortaleció el modelo neoliberal.

A raíz de estas medidas las fuerzas militares vienen adelantando detenciones masivas e indiscriminadas a los pobladores urbanos -alcaldes, sacerdotes, médicos, enfermeras y humildes trabajadores del campo o funcionarios públicos- o miembros de comunidades rurales e indígenas sindicados como auxiliadores de la guerrilla. En muchos casos los jueces han tenido que liberarlos por falta de pruebas. En Arauca, una región petrolera al sur oriente del país, ocho días antes de las elecciones territoriales, fueron detenidos todos los candidatos y miembros del directorio de mi partido, bajo sospecha de tener nexos con la subversión, allí estaba implícita la finalidad de evitar que ganáramos las elecciones. Deseo que se tenga en cuenta esta denuncia porque, tres semanas después de su detención, los dirigentes de Arauca siguen detenidos en las celdas del Departamento Administrativo de Seguridad DAS.

VINCULACIÓN FORZADA DE LA POBLACIÓN CIVIL AL CONFLICTO

En mi país se está presentando una forma de involucramiento forzado de la población civil en el conflicto. El gobierno, en desarrollo de su programa de “seguridad democrática” les paga sueldo a un millón de informantes para que delaten a todo aquel que les parezca sospechoso. De esta manera rencillas personales, contradicciones comunitarias o divergencias políticas terminan judicializadas por las delaciones de adversarios o contradictores partidistas.

El propio Presidente Uribe Vélez, nos señaló como terroristas y aliados de la subversión -sindicación que ya les había hecho a las ONG sociales y cuturales y a los académicos independientes- a quienes adelantamos la campaña por la Abstención Activa contra su referendo neoliberal. Obviamente que esa voz mayor ha puesto en riesgo nuestras vidas. Incluso se han vuelto a activar las amenazas de muerte y de plagio que ya bajo el gobierno anterior de Andrés Pastrana me llevaron a ser secuestrada por el grupo paramilitar de Carlos Castaño. Fui liberada después gracias a la presión de las mujeres europeas y colombianas y a la de los líderes sociales más importantes del mundo que levantaron su voz para condenar este atropello y exigir mi retorno a la sociedad sana y salva.

En nuestro país la restricción de las libertades públicas es cada vez mayor, enmarcadas ahora -como ha señalado el analista Pedro Rueda Suárez- en políticas de control total, lideradas por el Pentágono e inspiradas en la famosa USA Patriot Act, de después del 11 de setiembre de 2001. Hace poco le contaron al país que 31 millones de registros de datos personales fueron vendidos a la empresa Choice Point, y de allí al Pentágono, que quiere registrar a todos los habitantes del Planeta. Como si fuera poco, además del estatuto antiterrorista, tenemos el proyecto de reforma a la justicia, que es un embate contra ciertas funciones clave de la Procuraduría, la Corte Constitucional, la Acción de Tutela, y que en general socava la independencia del Poder Judicial.

Los severos impactos de las medidas de Uribe Vélez sobre los derechos humanos y los
ingresos de los trabajadores, produjeron protestas enardecidas de la ciudadanía trabajadora, del campesinado, de los estudiantes y de los intelectuales demócratas. Los partidos de oposición, lentamente fueron creciendo hasta expresarse de manera rotunda en el rechazo al referendo plebiscitario de iniciativa gubernamental y elegir a varios actores de la izquierda democrática con sensibilidad social como autoridades locales y regionales. Los candidatos de Uribe Vélez a alcaldías y gobernaciones, concejos municipales y asambleas departamentales fueron derrotados en todo el país. Los vencedores en estas jornadas fueron el Partido Liberal y el Polo Democrático, de tendencia centro izquierda, precisamente los sectores más perseguidos y excluidos de la agenda pública del actual gobierno.

APOSTANDO A LA RECUPERACIÓN DEL DESTINO COLOMBIANO

El nuevo escenario de la política nacional nos está indicando un camino esperanzador para la solución de los conflictos nacionales. En primer término, que una agenda de agregación de intereses sociales, de fortalecimiento de los derechos humanos y de búsqueda de diálogos con los distintos actores armados, puede hacer posible la recuperación del destino colombiano hacia la construcción de un proyecto nacional de izquierda democrática, sintonizado con los vientos humanistas y de paz que están renaciendo en Brasil, Chile, Argentina, Bolivia y Uruguay.

En este contexto es importante resaltar que la paz es una manera de vivir. Como de manera lúcida se ha escrito en el Informe Nacional de Desarrollo Humano denominado El Conflicto un callejón con salida. “Como cualquiera otra manera de vivir, la paz es resultado de la educación o, más exactamente, del aprendizaje. Al fin y al cabo las personas que practican la paz son aquellas que aprendieron a luchar por sus intereses y a resolver sus conflictos sin acudir a la violencia. Ese simple hecho permitiría concluir que la educación es la clave de la paz en el largo plazo”. En ese sentido debemos educar para la convivencia y para la diferencia. La paz es una construcción social y en ese propósito deben estar los principales actores sociales y colectivos como la educación, los medios de comunicación y los partidos políticos.

Sin duda, articulado a este empeño de la educación los medios masivos de comunicación juegan un papel de extraordinaria significación. En nuestro país, los medios de prensa son monopolios privados ligados a los grupos de presión económica que tienen vinculación mercantil con el gobierno, razón poco democrática que los lleva a ser selectivos y excluyentes en su proyecto informativo. Para sus operadores, muchos de ellos sin la apropiada formación cultural y política, la difusión de la realidad pasa por filtros de autocensura deliberada para producir una información virtual y sesgada contraria generalmente a la realidad cruda y áspera.

Las ideas y planteamientos de los opositores no son objeto de atención y, por el contrario, quienes aspiramos a la legitimación de un debate ético sobre lo público, solemos ser estigmatizados y discriminados cuando no caricaturizados e invisibilizados por los iconos mediáticos. Allí la frivolidad de la farándula le cierra el paso al análisis, la carga enorme de noticias sobre el espectáculo comercial le niega presencia al análisis, los intereses privados difuminan el espacio de lo público y la descripción fantasiosa de los acontecimientos se sobrepone a la prescripción serena de los sucesos. Por tal razón no abundan los exámenes comprensivos sobre la estrategia general de la guerra ni los relacionados con la reflexión social y económica.

Quienes estamos del lado de la construcción de un proyecto de nación con desarrollo humano, propugnamos la democratización de la propiedad en los medios de comunicación. Unos medios en los cuales responsablemente se informe con libertad y libremente se comunique con responsabilidad.

Unos medios al servicio del progreso social y económico del país, que permitan la deliberación pública entre los contradictores, sería la fórmula adecuada para contribuir a crear una opinión pública ilustrada al servicio de la concordia y la tolerancia y deslegitimaría las salidas de fuerza.

De igual manera consideramos que la recuperación de la centralidad de la política en la orientación del destino de los y las colombianos, pasa por el fortalecimiento de los partidos políticos y, desde luego, por una verdadera reforma al sistema político en general.

UNA PROPUESTA LIBERAL

El Partido Liberal colombiano, que me honro en presidir, ha propuesto un proyecto de régimen semiparlamentario que democratice las costumbres políticas y permita superar las crisis de legitimidad y de gobernabilidad ya crónicos del actual sistema presidencialista. Dicha reforma tiene que ver con un propósito fuertemente incluyente de los distintos sectores sociales y de las minorías étnicas y de género. Es un proyecto que busca fortalecer el Estado Social de Derecho y la instauración de un modelo de desarrollo alternativo al neoliberalismo.

De igual manera este proyecto contempla un estatuto de la oposición que garantice la expresión de las voces contestatarias al régimen, financie desde el Estado las campañas políticas y contribuya al sostenimiento de los partidos. Estos a su turno deben ser colectividades que promuevan la cultura política, ejerzan su papel mediador y de interlocución dentro de lineamientos claros de la ética pública y rindan cuentas a sus afiliados.

Requerimos unos partidos políticos deliberantes, con una consolidada democracia interna, que generen opinión por sus propuestas programáticas y que promuevan la movilidad social para el debate plural de los problemas nacionales e internacionales. Unas fuerzas partidistas con amplia participación ciudadana, con representación y con identidad ideológica interna, estarán en mejores condiciones para ejercer su papel de interlocutores y mediadores entre la sociedad y el Estado y para convocar al pueblo y fortalecer la democracia, presupuesto indispensable para lograr la paz.

La construcción de una cultura de paz en Colombia y supongo que en otros países donde existen conflictos sociales, está mediada por la búsqueda de consensos, pero también por la identificación y el reconocimiento ético de los disensos.

En mi Partido, que es el liberal, una fuerza que está logrando situarse al centro izquierda del espectro político, hemos emprendido una reforma a fondo de sus estructuras organizativas y disciplinarias, mediante la adopción de principios ideológicos y programáticos influidos por el ideario de la Internacional Socialista, en la línea francesa y alemana de esta concepción y muy distantes de la llamada Tercera vía, que consideramos la versión aristocrática de la socialdemocracia.

Finalmente deseo expresarles que no digo nada nuevo si comento que mi país, pese a sus enormes riquezas fáunicas y bióticas, de su pueblo enormemente dispuesto a la producción de riquezas, pasa por un mal momento. Tal vez uno de los más difíciles de su historia republicana. Pero igualmente están resurgiendo mentes, brazos, espíritus y ánimos sociales que van a cambiar los paradigmas de dominación y exclusión, con la ayuda de todos ustedes de este lado del mapa. Reclamo el concurso conceptual y la solidaridad de ustedes para lograrlo.
Los y las invito a mirar más hacia Colombia, sufrida y bella patria situada en la esquina de los dos grandes mares donde queremos experimentar el prodigio político de vivir en armonía y equidad, y en donde, como dijo nuestro gran escritor Gabriel García Márquez, deseamos tener “un país al alcance de los niños”

Intervención de la senadora colombiana Piedad Córdoba en el Foro Social Europeo, París, noviembre 14 de 2003.