Cualquiera pensaría que los venezolanos sólo pueden ver
horas y horas de Chávez hablando, propaganda gubernamental o
programas oficialistas. Pero si vemos los números nos encontramos
con otra realidad: el 80 por ciento de los medios audiovisuales de todo
tipo están en manos de los grandes grupos económicos y
sólo el 9 por ciento son del servicio público. A pesar
de existir una ley que favorece la creación de medios comunitarios
y alternativos, éstos encuentran dificultades para poder crear
una radio o una TV porque el espectro está saturado y no hay
lugar para transmitir.
Las últimas semanas los grandes medios nos volvieron a traer
noticias desde allá:
1) La televisión argentina reprodujo fundamentalmente el ataque
a Globovisión. Era lo más efectivo desde el punto de vista
visual por ser hechos de violencia. Nunca la televisión explicó
qué intereses representa Globovisión. El gobierno de Chávez
repudió lo sucedido diciendo que le servía al canal para
victimizarse y la responsable fue presa. Globovisión siguió
trasmitiendo normalmente.
2) Se informó sobre la supuesta Ley de Delitos Mediáticos,
que no pasó de un proyecto de la fiscal General de la República,
que nunca tuvo estado parlamentario y ya fue descartada.
3) Por último, estuvo el supuesto "cierre" de 34 radios.
Como en el caso de RCTV, el uso de las palabras no es inocente. Se habla
de "cierres" y todo el mundo lo repite. El gobierno de Chávez
no cerró ninguna radio; lo que hubo fue una acción administrativa
dirigida a regularizar el espectro radioeléctrico, un espectro
radioeléctrico saturado y lleno de irregularidades.
En cada país el Estado administra las frecuencias, ya que son
un bien público y debe controlar que se cumplan las leyes que
regulan su uso. Como señaló Helena Salcedo, directora
de Radio Nacional Venezuela (RNV): "No presentaron los recaudos
exigidos por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)
y están amparándose en el elemento político para
decir que se cercena la libertad de expresión".
El abogado constitucionalista Carlos Escarrá contó que
en el estudio realizado a las 240 emisoras se puedo apreciar que "muchas
de esas habilitaciones fueron traspasadas, fueron cedidas, legadas,
es decir, se buscó cualquier forma jurídica, incluso fraudulenta,
para que esas concesiones no estuviesen en manos de quienes legalmente
deberían estar" y señaló que esta situación
es "totalmente irregular que se diga que va vía sucesión,
vía herencia, porque es un bien del Estado y no lo puedes heredar
bajo ningún concepto".
Los supuestos luchadores contra la censura en realidad defienden la
ilegalidad que les permitió hacer negocios en estos años,
mientras el Estado está obligado a regularizar esta situación.
No para quedarse con esas frecuencias, sino para redistribuirlas entre
nuevos actores que están interesados en ingresar al espectro
(la mayoría sin fines de lucro). Esto, sin dudas, aumentaría
la pluralidad en los medios en lugar de recortarla, como algunos plantean.
*Docente y periodista argentino.
Página/12, Buenos Aires, agosto de 2009.
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