EL DERECHO A NO MATAR


POR MARÍA ELVIRA BONILLA

El pasado mes de febrero el Ejército Nacional reclutó cerca de 20.000 muchachos para la guerra. El mayor realizado en tan corto lapso en 50 años.
Ya llegan a 400.000 los uniformados en las distintas fuerzas, de los cuales, más de la mitad son menores de 30 años. Pero las urgencias y las metas trazadas por el Gobierno de Uribe demandan más y más soldados. Más y más dinero.

Colombia encabeza las cifras de inversión militar per cápita, que aumenta año tras año, sacrificándose inversiones que permitirían al país estrenarse en escenarios superiores. La información es manejada con sigilo, soportada en la estructura de alarmas que impone la seguridad, así que poco se sabe de cifras consolidadas de muertos en combate, mutilados, incapacitados, mentes enloquecidas de soldados que permanecen recluidos en el hospital de sanidad de las FF.MM., al que nadie accede libremente.

Desde el domingo pasado, la instrucción que llegó de Bogotá para cabos, sargentos y tenientes fue enganchar el mayor número posible de jóvenes a engrosar las filas del Ejército, porque el ejercicio de febrero se quedó corto. Y se les ve cumpliendo la orden con obediencia y hasta disfrute.

Como si se tratara de una cacería, aprovechan cualquier ocasión, reuniones en parques, colas para entrar a los estadios en las fechas de los clásicos de fútbol, buses de transporte intermunicipal, esquinas o calles para realizar redadas y sorprender muchachos entre los 18 y 28 años con su situación militar pendiente.

Caen, sobre todo, muchachos de las zonas rurales y los más pobres de las ciudades, desprotegidos y vulnerables, sin recursos argumentales, que terminan en el camión donde inician el triste camino hacia el cuartel y el infierno de la guerra.

Triste porque no se trata de una opción voluntaria ni de una decisión con convencimiento, a riesgo incluso de no regresar vivos. La mayoría de jóvenes que terminan atrapados en un conflicto cuyos móviles les resultan ajenos e incomprensibles, hubieran querido una suerte distinta. Que se merecen. Basta verles sus caras de desconcierto y miedo cuando entran a este túnel sin salida del camión de reclutamiento.
Por esto, algunos han resuelto levantar su voz de rechazo y pasar de las posiciones pasivas a las acciones, a través del movimiento de objetores de conciencia. Amparados en el Artículo 18 de la Constitución Nacional defienden el derecho a no actuar contra la conciencia y convertir su decisión en un acto de valor que puede, incluso, ocasionarles la cárcel. El argumento es contundente y simple: ejercer el derecho a no matar.

Si se hiciera una encuesta entre los jóvenes colombianos, el no a la guerra sería rotundo. Pero nadie les pregunta. Simplemente se les obliga. Gobernantes y legisladores adultos les definen, desde Bogotá, su futuro, volviendo sus vidas estadísticas anónimas, convirtiendo la esperanza joven en carne de cañón, forzando a traicionar sus convicciones a muchachos que, como Deiby Alexander, cuesta y muchos otros se rehúsan a matar.

El País, Cali - Colombia.