POR DÊNIS DE MORAES
El actual proceso de transformaciones
políticas, socioeconómicas y culturales en América
Latina tiene, en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
de la Argentina, uno de sus marcos más significativos. Por primera
vez en la historia de la región, un país formula, aprueba
y hace cumplir una legislación que protege y valoriza la diversidad
informativa y cultural, a través de un marco regulatorio democráticamente
discutido e instituido.
Nuestro objetivo, en el presente artículo, es poner en evidencia
la importancia de la legislación argentina como fuente de inspiración
de medidas antimonopólicas al alcance de los demás gobiernos
progresistas latinoamericanos, en sintonía con la agenda de reivindicaciones
de entidades y movimientos sociales que defienden la comunicación
como derecho humano.
Lo que parecía ser un ideal distante, casi impracticable, se
convirtió en una certeza que comenzó a esparcirse por
el continente. Se trata de un proceso que hace converger las voluntades
transformadoras de los estados con la de amplios segmentos de la sociedad
civil.
La nueva ley trajo el convencimiento de que es viable el conocido dicho
"otra comunicación es posible", descentralizada y plural,
conquistada de forma equilibrada y participativa.
El texto que se presenta a continuación está dividido
en dos partes. En la primera se focaliza en el cuadro de concentración
de medios de América Latina y sus implicancias, con el propósito
de situar en un contexto adverso que llevó a gobiernos progresistas
a intervenir, con diversa intensidad según cada país,
en los sistemas de difusión.
En la segunda parte, se aborda la correspondencia entre las disposiciones
de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y las aspiraciones
sociales en torno a una comunicación más democrática.
Se apuntan medidas, reclamadas o en preparación en otros países,
que se materializan, pioneramente, en la legislación argentina,
lo que la transforma en una referencia obligatoria.
EL ESCENARIO QUE DEBE CAMBIAR
Para evaluar la pertinencia de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual como instrumento de reestructuración de los sectores
de la información y la cultura en moldes mas pluralistas, es
esencial explicitar el intrincado escenario mediático de América
Latina.
Las últimas décadas acentuaron la concentración
de medios latinoamericanos en un puñado de megagrupos. Ese modelo
de concentración prosperó en medio de la convergencia
de los sistemas, redes y plataformas de producción, transmisión
y recepción de datos, imágenes y sonidos. La digitalización
extendió y extiende el acceso a las tecnologías a franjas
más amplias de la sociedad -aunque de manera bastante desigual-
e impulsa el crecimiento de la oferta de productos y servicios en diferentes
plataformas, redes, canales y soportes digitales, sobre el control estricto
de grupos nacionales y trasnacionales. Los focos de las políticas
de comercialización se expanden ininterrumpidamente de los mercados
consumidores, disminuyendo los costos industriales y produciendo enormes
ganancias en productividad a través de las economías de
escala.
La expansión de las industrias de medios en América Latina
se vincula históricamente a intereses privados y trasnacionales,
favorecidos por la fragilidad de los mecanismos de regulación
y control de los flujos audiovisuales y del capital que cruzan fronteras
por satélites y redes infoelectrónicas. La baja inversión
de los gobiernos en tecnología y producción cultural,
las políticas públicas inconsistentes o inexistentes y
la inercia regulatoria apartaron al Estado del protagonismo en las áreas
de la información, el entretenimiento y las telecomunicaciones.
Las desregulaciones y privatizaciones neoliberales durante los años
1980 y 1990 favorecieron la acumulación de la propiedad, de los
medios y las tecnologías, permitiendo la constitución
de verdaderos latifundios mediáticos, que exploran simultáneamente
las cadenas de producción, distribución, circulación
y consumo de datos, sonidos e imágenes, en busca de dividendos
competitivos y lucros acelerados (Moraes, 2011: 33-34).
En la escalada de la internacionalización, corporaciones trasnacionales
como News Corporation, Viacom, Time Warner, Disney, Bertelsmann, Sony
y Prisa adquirieron activos de medios y/o establecieron acuerdos con
grupos multimediáticos regionales, ampliando exponencialmente
sus actuaciones multisectoriales en los mercados para sus productos
y servicios. El resultado no podría ser diferente: 85,5% de las
importaciones audiovisuales de América Latina provienen de los
Estados Unidos. Mensualmente, 150 mil horas de films, series y eventos
deportivos norteamericanos son presentados en las emisoras de televisión
de nuestro continente (Moraes, 2006:46).
Para los cuatro mayores conglomerados latinoamericanos -Globo de Brasil;
Televisa de México; Cisneros de Venezuela y Clarín de
Argentina-, estas asociaciones representan la posibilidad de entrecruzar
negocios y establecer alianzas con los actores de mayor peso del plano
internacional, que les ofrecen lógicas sólidas, financiamiento
e inserción en el mercado (Bustamante, 2009: 79-80).
Globo, Televisa, Cisneros y Clarín retienen el 60% de la facturación
total de los mercados y de las audiencias, distribuidos de la siguiente
manera: Clarín controla el 31% de la circulación de los
diarios, el 40,5% de la TV abierta y el 23,2% de la TV de pago; Globo
responde por el 16,2% de los medios impresos, 56% de la TV abierta y
el 44% de la TV de pago; Televisa y TV Azteca forman un duopolio, acumulando
el 69% y el 31,37% de la TV abierta, respectivamente. Brasil, México
y Argentina reúnen más de la mitad de los diarios y emisoras
de radio y televisión y el 75% de las salas de cine de la región.
Entre los impactos más graves de la concentración mediática
en América Latina se puede apuntar: las políticas de precios
depredatoria destinadas a eliminar o a restringir severamente la concurrencia,
los controles oligopólicos sobre la producción, distribución
y difusión de contenidos; y la acumulación de patentes
y derechos de propiedad intelectual por parte de los grupos empresariales.
Hay también el riesgo de unificación de las líneas
editoriales y de predominio de las ambiciones empresarias por encima
de los intereses del conjunto de la sociedad. Las conveniencias corporativas
se basan frecuentemente en estrategias de maximización de la
ganancia, sin prestar mayor atención a la formación educativa
y cultural de la audiencia y, menos aún, a los valores y sentidos
de pertenencia que conforman las identidades nacionales y regionales.
LA LEY QUE IMPULSÓ "OTRA COMUNICACIÓN
ES POSIBLE"
En los últimos años, gobiernos electos con el compromiso
de revertir desigualdades e injusticias sociales -agravadas por
la sumisión de sus antecesores a los dictámenes
del neoliberalismo-, incluían la democratización
de la comunicación entre sus prioridades.
Entre estos gobiernos existe un consenso acerca de que es indispensable
la participación del poder público en los sistemas
de información y difusión cultural, a partir de
entender lo que las cuestiones comunicacionales dicen respecto
a los intereses colectivos. No pueden limitarse a las voluntades
particulares o a los cálculos corporativos, pues incluyen
múltiples puntos de vista existentes en la sociedad.
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La acción regulatoria del Estado debe velar por
el equilibrio entre lo que debe ser público y lo que debe ser
privado, inclusive explicando a la población que las empresas
de radio y televisión no son las propietarias de las frecuencias,
sino que apenas son concesionarias de un servicio público con
plazos establecidos por la ley, pudiendo ser estos renovados, o no.
Un hecho alentador es la concreción de alguna de estas premisas
en políticas públicas de comunicación, incluyendo
medidas para deshacer los monopolios de las empresas de radiodifusión;
apoyar medios alternativos y comunitarios; incentivar la producción
audiovisual independiente, garantizar mayor ecuanimidad en los accesos
al conocimiento de las tecnologías y promover la generación
y distribución de contenidos regionales y locales sin fines comerciales.
La Ley de Comunicación Audiovisual de la Argentina se proyecta
como un instrumento innovador de regulación, fiscalización,
fomento y diversificación de las actividades informativas y culturales.
Los cambios introducidos por la normativa tienen como supuesto el entender
a la comunicación como derecho humano y no como mero negocio.
Los principios antimonopólicos tienden a garantizar la pluralidad
de voces y la horizontalidad informativa, fijando un marco regulatorio
completo para la comunicación mediática, incluyendo la
convergencia digital entre la TV de cable, la telefonía y la
Internet en un régimen que otorga licencias en condiciones equitativas
y no discriminatorias.
Son varios los puntos de identificación entre la legislación
argentina y los anhelos de los organismos y movimientos sociales que
reivindican una comunicación democrática en América
Latina. El primer ítem a destacar es la metodología adoptada
por la presidenta Cristina Kirchner para la definición del anteproyecto
de ley. Las consultas públicas a los sectores representativos
de la sociedad civil consagrando un proceso democrático de diálogo,
consulta y negociación ético-político entre los
actores involucrados. La propia Cristina presidió reuniones en
la Casa Rosada con empresarios, líderes sindicales y estudiantiles,
propietarios de empresas de comunicación, productores independientes,
rectores de universidades, directores y profesores de facultades de
comunicación, líderes de iglesia y de asociaciones de
radios y televisoras comunitarias; para presentar ideas y recibir sugerencias.
Sin contar el sinnúmero de debates sobre la Ley promovidos en
todo el país por la Coalición por una Radiodifusión
Democrática (integrada por sindicatos, asociaciones profesionales,
universidades, emisoras comunitarias y movimientos de derechos humanos).
Al aceptar gran parte de los 21 Puntos defendidos por la Coalición,
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se tornó
expresión de una voluntad social más amplia que la exclusiva
visión del gobierno que la propuso y que después la sancionó.
La incorporación de las propuestas de la Coalición fue
reconocida -a través de una carta a la presidenta Cristina Kirchner-
por entidades que actúan a favor de la democratización
de la comunicación en América Latina como lo son la Asociación
Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER); la Asociación
para el Progreso de las Comunicaciones (APC); la Organización
Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación
(OCLACC) y la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI).
(1)
La Ley de Medios recogió una reivindicación consensuada
por la mayoría de los países latinoamericanos, al definir,
en condiciones equitativas, tres tipos de prestadores de servicios de
radiodifusión para la concesión pública: de gestión
estatal (medios públicos); de gestión privada con fines
de lucro y de gestión privada sin fines de lucro (organizaciones
no gubernamentales; entidades sociales y comunitarias; sindicatos; fundaciones).
Este punto es decisivo para revertir el predominio del sector privado
comercial en el sistema de medios, pues establece equidad en términos
de acceso, participación, prerrogativas y representatividad entre
las tres instancias mencionadas. La pertinencia de esta y otras determinaciones
de la ley fue reasaltada por la Asociación Mundial de Radios
Comunitarias (AMARC), que reúne a 3.000 asociados en 110 países
(18 de ellos en América Latina y el Caribe):
Uno de los notables aspectos es el establecimiento de diversas y efectivas
medidas para limitar e impedir la concentración indebida de medios.
Entre ellas, los límites a la cantidad de licencias que puede
tener una misma persona o empresa (a nivel nacional o en una misma área
de cobertura) y los límites a la propiedad cruzada de medios,
en consonancia con las mejores prácticas internacionales. Con
el objetivo de promover la diversidad de contenidos nacionales y locales,
la nueva legislación argentina recoge antecedentes de países
europeos y también americanos al incluir exigencias mínimas
de producción nacional, local y propia, bien como condiciones
para la formación de redes de emisoras, para limitar la centralización
y la uniformización de la programación de unos pocos grupos
empresariales de capital federal en todo el país. Otro aspecto
a destacar es el reconocimiento expreso de tres sectores: estatal, comercial
y sin fines de lucro, garantizando la participación de las entidades
privadas sin fines de lucro, al reservar para ellas el 33% del espectro
radioeléctrico. (2)
La influencia inmediata de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual puede ser comprobada a partir de ver propuestas semejantes
en los proyectos de los gobiernos del Ecuador y del Uruguay. En ambos
casos, la revisión de la propia radiodifusión se inspira,
de alguna manera, en la legislación argentina, inclusive con
la metodología de consultas a la sociedad civil como para la
formulación de los respectivos anteproyectos.
El Gobierno de Venezuela viene modificando los criterios y las prioridades
legales para la concesión de licencias de radio y televisión.
El objetivo es reequilibrar la radiodifusión entre los sectores
estatal, privado y social, tomando como base la ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual. El ex Ministro venezolano de Comunicación
e Información, Andrés Izarra, "... en la Argentina
la legislación es más avanzada que la de Venezuela: un
tercio del espacio radioeléctrico va para las comunidades organizadas,
para las organizaciones no gubernamentales". Y agrega:
La Ley argentina da legitimidad al reclamo de
uso del espacio radioeléctrico por parte de los medios
alternativos. Creo que eso va a ser muy positivo para la Argentina,
porque pone al país en sintonía con estos tiempos.
El espacio ya no es apenas de la oligarquía ni del sector
privado, se está democratizando. Es un factor común
para todos nuestros procesos. Aparecen nuevos actores que antes
ni soñaban con estar en la comunicación. (3)
Asimismo, en Brasil, donde prácticamente
nada fue hecho durante los ocho años del Gobierno de Luiz
Inácio Lula da Silva y los dos iniciales de Dilma Rouseff
para modificar la anacrónica legislación de medios,
la ley argentina constituye una referencia indiscutible con vistas
a cambios en la radiodifusión. Eso puede ser constatado
por la similaridad observada en muchas propuestas aprobadas en
la Conferencia Nacional de Comunicación de 2009 y hasta
hoy no efectivizadas por el gobierno federal. En el manifiesto
en defensa de la democratización de la comunicación,
divulgado el 2 de abril de 2011, entidades nacionales, entre ellas
la Central Única de Trabajadores, la Federación
Nacional de Periodistas, el Foro Nacional por la Democratización
de la Comunicación, el Movimiento Nacional de Derechos
Humanos y AMARC-Brasil, mencionan explícitamente la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual: "Sigamos
los ejemplos de experiencias victoriosas de movilización
por la reforma del sistema de medios en América del Sur,
como ocurrió en la Argentina, donde la sociedad organizada
consiguió ser un actor decisivo en la propuesta de reformar
la legislación".(4)
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Por lo expuesto, concluimos que la ley de comunicación audiovisual
de la Argentina es la prueba de la viabilidad de un marco regulatorio
avanzado: "tanto por el contenido democrático que expresa,
como por el proceso de consulta popular que orientó su elaboración",
como declaró el relator de la Comisión de Libertad de
Opinión y Expresión de la Organización de Naciones
Unidas, Frank La Rue.(5) Además de leyes que impidan prácticas
monopólicas, la reconfiguración de los sistemas de comunicación
en América Latina depende de políticas públicas
consistentes, debatidas y formuladas en sintonía con las demandas
de la sociedad civil; tanto se trate de instrumentos legales como de
la determinación para llevar a la práctica las medidas
de descentralización de los medios. No basta con tener principios
democráticos generales, sino haber tomado la decisión
institucional de hacer valer las normas, regulaciones y los procedimientos
que garantizan su aplicación.
En ese sentido, es conveniente que los gobiernos de los países
vecinos avalen el trabajo que lleva adelante la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual, Organismo Público
creado por la nueva legislación argentina y con incumbencia para
fiscalizar el cumplimiento de sus deliberaciones y fomentar la producción
cultural comunitaria e independiente.
Finalmente, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual expone,
de manera paradigmática, las exigencias ineludibles de la voluntad
política de los gobernantes y del respaldo popular que se necesitan
para llevar adelante estos cambios, dado las sistemáticas campañas
opositoras de los medios y de las elites conservadoras. Las corporaciones
resisten y resistirán someterse a las restricciones legales que
afectan privilegios conquistados en décadas de complicidad con
sucesivos gobiernos. Eso explica las medidas cautelares que el grupo
argentino Clarín para intentar impedir la aplicación completa
de la Ley de Medios. Lo que hace suponer que será preciso empeñar
cada vez más fuerza en las batallas mediáticas, de forma
de esclarecer a la opinión pública e impedir que prosperen
argumentos generalmente falsos sobre las transformaciones realmente
necesarias en el horizonte comunicacional.
Los avances en la Argentina ponen de relieve el papel regulador y activo
que el Estado precisa desempeñar en la vida social, para lograr,
dentro de las reglas de la democracia, legislaciones antimonopólicas,
universalizar el acceso y la información e intentar detener la
avasalladora concentración de los medios. Para América
Latina como un todo, significa la oportunidad histórica de analizar
y absorber lecciones de la Ley de servicios de Comunicación Audiovisual,
en la búsqueda de legislaciones, que teniendo en cuenta las especificidades
de cada país, resguarden y estimulen la diversidad informativa
y cultural, a partir del reconocimiento de su esencia para poder profundizar
la democracia.
NOTAS
(1) La carta enviada a Cristina Kirchner, el 23 de marzo de 2009, está
disponible en: http://alainet.org/active/29629
(2) La nota da AMARC, divulgada el 13 de octubre de 2009, puede ser
consultada en: http://www.mesadearticulacion.org/articulos/declaraciones/declaraciones-asociaciones/declaracion-de-amarc-alc-sobre-aprobacion-ley-de-medios-en-argentina
(3) Entrevista de Andrés Izarra a Mercedes López San Miguel
"En Argentina la ley sobre los medios es más avanzada que
en Venezuela", 21 de noviembre de 2010, disponible en: http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=News&file=print&sid=5603
(4) El manifiesto en favor de la democratización de la comunicación
en el Brasil está disponible en:http://www.cut.org.br/acontece/20518/frente-parlamentar-pela-liberdade-de-expressao-e-o-direito-a-comunicacao-sera-lancada-dia-19
(5) Entrevista a Frank La Rue. Disponible en el site "Hablemos
todos" http://www.argentina.ar/hablemostodos/
Traducción de Mariana Baranchuk.
ALAI, febrero de 2013.
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