EL PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN ESTÁ EN CRISIS

CÁRCEL DE ITAGÜÍ, ¿LA 'CATEDRAL' DE LOS 'PARAS'?

Cuatro elementos permiten trazar una semejanza situacional entre las anomalías en el sometimiento a la justicia de los jefes 'paras' y lo registrado con el cartel de Medellín en la cárcel de la Catedral.

El proceso de desmovilización paramilitar está en crisis. Pero no sólo por la revelación de grabaciones telefónicas en donde se evidenciaría que los ex jefes de las autodefensas siguen delinquiendo desde la cárcel. Ese es apenas un elemento que debe analizarse en el marco de una situación más compleja, bajo la cual se concluye que el actual escándalo ya estaba más que advertido e incluso para muchos sectores nacionales no tiene nada de novedoso.

Esa situación compleja que explica la crisis del proceso tiene muchos y muy graves elementos: el evidente rearme de por lo menos 5.000 ex combatientes; comandantes principales como Vicente Castaño siguen prófugos; varias regiones permanecen bajo el dominio y control delincuencial de los 'paras'; el propio Salvatore Mancuso admite que "se desarmaron las autodefensas pero no el paramilitarismo"; crecen las denuncias sobre presión electoral de estos grupos de cara a los comicios de octubre; abundan los casos en que las víctimas son amenazadas o asesinadas para que no exijan verdad, justicia y reparación; y, como si fuera poco, la aplicación de la Ley de Justicia y Paz ha resultado insuficiente para forzar a los cabecillas presos a revelar toda la verdad sobre sus crímenes, entregar los bienes mal habidos y confesar qué dirigentes políticos, industriales, sociales y militares apoyaron su accionar armado…

Ubicados ya en ese marco circunstancial, la posibilidad de que desde la cárcel de Itagüí se estén ordenando crímenes y operaciones de narcotráfico y 'control territorial', si bien es de altísima gravedad, no sorprende. Todo lo contrario, lo raro sería que esos hechos no se estuvieran presentando.

PARALELO

Colombia tiene un antecedente muy claro al respecto. Ocurrió entre junio de 1991 y julio de 1992, tiempo durante el cual el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, permaneció recluido en la cárcel de La Catedral, en zona rural de Envigado, Antioquia. Allí hubo de todo: se coordinaban operaciones de narcotráfico, asesinatos, un alto índice de corrupción de la guardia y un sinnúmero de anomalías que terminaron, incluso, en la fuga del capo y sus lugartenientes.

Sin desconocer las diferencias entre los procesos que llevaron a la cárcel, a la cúpula del cartel de Medellín y a los jefes de las autodefensas, en uno y otro caso hay cuatro elementos coincidentes.

El primero, un Estado que ante la impotencia de derrotar por la fuerza legítima a grupos delincuenciales, decide ofrecerles un marco jurídico con grandes beneficios, para convencerlos de entregarse a la ley (los decretos de sometimiento a la justicia y la Ley 81 de 1993, en el caso del gobierno Gaviria, y la Ley de Justicia y Paz -975 de 2005-, en el caso de la administración Uribe).
El segundo elemento coincidente tiene que ver con la base probatoria penal en ambos casos: el 80% de los procesos depende de lo que capos y los 'paras' confiesen o admitan sobre sus crímenes y cómplices, mientras que el operador judicial (jueces o Fiscalía) tiene muy poco margen para controvertir o generar acusaciones sólidas que conllevaran a condenas unilaterales e inapelables.
En tercer lugar, tanto en la entrega de los capos de Medellín como en el desarme de los 'paras', fue evidente la urgencia de los gobiernos para llevar a la cárcel a los cabecillas y principales lugartenientes, pero no se creó una política eficiente, sólida y permanente para desmantelar el resto de la estructura delincuencial, de forma tal que se evitara un 'rebrote' de 'narcos' y autodefensas.

Y por último, tanto en el caso de la 'Catedral' como en el de Itagüí existe un elemento político pertubador. De un lado, porque los respectivos gobiernos, pese a las falencias evidentes de los procesos, siguieron defendiéndolos a capa y espada; y de otro, porque tanto los 'narcos' como los 'paras' mantuvieron, estando presos, un alto poder económico 'corruptor', capaz de mover 'influencias' en el Congreso y algunas instancias estatales de distinto nivel judicial, penitenciario y político.

Como se ve, hecho ese paralelo, más allá de las diferencias puntuales, es fácil concluir que la distancia entre lo que ocurrió en 'La Catedral', en el gobierno Gaviria, con lo que se registra hoy en la cárcel de Itagüí, no es mucha. Sólo falta que en ésta última se produzcan fugas o asesinatos, para que las circunstancias sean altamente similares.

El Nuevo Siglo, mayo 15 de 2007.