COMENZÓ PERSECUCIÓN AL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

EN COLOMBIA DISENTIR CON GOBIERNO DE URIBE SE CONVIRTIÓ EN DELITO DE OPINIÓN: CARLOS GAVIRIA

La persecución de organismos del Estado colombiano, así como el amedrantamiento oficial contra destacados dirigentes del Polo Democrático Alternativo (PDA) en los últimos días, concretamente después del debate que realizó en el Congreso de la República el senador Gustavo Petro sobre la parapolítica en el departamento de Antioquia y los nexos de sectores narcoparamilitares con el presidente Álvaro Uribe Vélez, han sido tan evidentes hasta el punto de que se puede afirmar que el principal partido de oposición en Colombia está seriamente amenazado.

El pasado martes 24 de abril fue allanada inexplicablemente por una fiscal la oficina del senador Petro, ante lo cual el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán y el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, no pudieron dar una explicación satisfactoria.

A ello se añade que integrantes del PDA hayan denunciado interceptaciones telefónicas o seguimientos extraños.


Carlos Gaviria

Por eso el Polo Democrático Alternativo a través de su presidente, Carlos Gaviria Díaz, le pedirá al Procurador General de la Nación y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que investiguen las actuaciones del director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y del Presidente de la República respectivamente, a raíz de las declaraciones del mandatario quien, dos días después del debate del senador Petro, el pasado 17 de abril, aseguró que tenía pruebas de "inteligencia militar y policiva" sobre actuaciones de miembros de la oposición que han ido a los Estados Unidos con el "propósito persistente de ir a desacreditar al gobierno".

"La gravedad de esas declaraciones del señor Presidente no se han medido suficientemente. En un Estado de Derecho que se le haga inteligencia a los ciudadanos que coinciden o no con el gobierno, significa que se está buscando criminalizarlos y, por tanto, el derecho de disenso no es tal sino que la opinión no coincidente con la opinión oficial es tenida por el Presidente como un delito", dijo Carlos Gaviria.

Sostuvo que si el gobierno "tiene derecho a hacer lobby" porque considera que el TLC es altamente benéfico para el país, el Polo Democrático "que cree que es nocivo para el país, tiene derecho a hacer gestiones para que el Tratado no se apruebe".

En Colombia, dijo, se volvió una costumbre "desconceptuar a quien discrepa del gobierno como apátrida". Explicó que, en su caso, si "tengo conciencia de que el gobierno que lo está rigiendo no es un gobierno democrático ni decente, mi obligación como ciudadano en beneficio del país es expresar mis discrepancias con el gobierno".
"Hay, sin duda, una cacería de brujas", puntualizó.

MAFIA INFILTRA AL POLO

El senador Gustavo Petro, por su parte, denunció que "la mafia de Medellín, previo pago, está reclutando ex guerrilleros de las Farc con antecedentes criminales para afiliarlos al Polo".

Según el parlamentario, la estrategia consiste en presentar "una relación estrecha entre el Polo y las Farc".

También denunció que en el mes de enero del presente año se realizó una reunión de sicarios en la ciudad de Santa Marta a donde llegaron varios de éstos procedentes de la ciudad de Cali.

La reunión, aseguró, la convocó un coronel retirado del Ejército con el fin de trazar y definir los distintos planes que conduzcan al asesinato del congresista.

Ese coronel retirado, según Petro, trabaja para la multinacional del carbón Drummond en Colombia. El ex militar fue contratado en el pasado por la Superintendencia de Servicios Públicos con el fin de hacerle seguimiento al entonces representante a la Cámara por el Polo, Alexander López, en momento en que el congresista vallecaucano defendía los intereses y rechazaba la privatización de EMCALI.

El testigo quien le contó todo a la Procuraduría confesó que la orden de asesinato la dio "otra persona" en Santa Marta. "¿Quién en Santa Marta? Se preguntó el congresista.