EL MAYOR PROCESO DE PRIVATIZACIÓN EN COLOMBIA

URIBE PONE EN FERIA PETRÓLEO, TELECOMUNICACIONES, SECTOR ENERGÉTICO, CARRETERAS Y AEROPUERTOS

- Económicamente no tiene explicación la venta de acciones de ECOPETROL. Los mayores beneficiados terminarán siendo los grandes grupos financieros del país y el capital transnacional.

Bajo la figura eufemística de encontrar "socios estratégicos" para que inyecte capital fresco a las grandes inversiones nacionales, el gobierno de Álvaro Uribe puso en marcha desde su primer mandato el más ambicioso proceso de privatización de las empresas públicas colombianas. Y no son, precisamente, empresas de poca monta, sino las de mayor impacto económico, social y político, como las de petróleos, energía eléctrica, telecomunicaciones, banca e infraestructura vial, portuaria y aeropuertos.

Con la venta del 20% de las acciones de ECOPETROL se inicia el proceso de privatización de la principal empresa estatal. Los argumentos que se han presentado por parte del gobierno para adoptar tal decisión no son convincentes y queda flotando la duda de si hay un propósito oculto o razones de simple interés del reducido círculo de los amigos negociantes de Uribe.

Primero, la determinación de la venta de ese paquete accionario tomó de sorpresa a la propia junta directiva de ECOPETROL que ni siquiera debatió el asunto. El anuncio a priori lo hizo el cuestionado ex ministro de Minas, Luis Ernesto Mejía sin un estudio previo. Por eso es que diversos analistas económicos se vienen preguntando: ¿por qué se pretende vender al sector privado parte de una empresa que es exitosa y tiene un buen rendimiento financiero? Desde el punto de vista económico, ello no tiene explicación.

JUSTIFICACIONES ENDEBLES

Entre las justificaciones que da el gobierno es que ECOPETROL necesita mayor autonomía financiera y recursos frescos para desarrollar su plan de inversiones en la búsqueda de nuevos pozos petroleros. Lo analistas coinciden en que estos son argumentos endebles, por cuanto que para el año 2006-2007 la empresa requiere para tal fin un presupuesto de 1400 millones de dólares y la venta del 20% del paquete accionario que se anuncia arrojará recursos del orden de los 1000 millones de dólares. Es decir, sólo cubriría el 70% de las necesidades de inversión, lo que implicaría que en el curso de los próximos años habría la imperante necesidad de seguir vendiendo acciones.

"Tampoco es necesario buscar recursos de capital para financiar la costosa y urgente búsqueda de pozos petroleros, porque es mucho más abundante y barata la oferta de créditos para este tipo de proyectos. La objeción de que estos créditos hacen parte de la deuda pública es sólo contable y puede solucionarse con una decisión administrativa", explica el analista Mauricio Cabrera Galvis.

El gobierno quiere hacerle creer al país que con la venta de acciones de la empresa petrolera se va a democratizar la propiedad, y por eso, en primer término, ofrecerá las acciones al sector solidario, cuando constitucionalmente está obligado a hacerlo. En segundo término, es imposible que este sector, excepto los fondos de pensiones, tenga la capacidad de invertir 1000 millones de dólares. La experiencia en Colombia y concretamente en el gobierno de Uribe en cuanto a privatizaciones indica que las empresas estatales terminan quedando en manos de los grandes grupos financieros o en las trasnacionales, con lo cual el discurso de "la democratización de la propiedad" ha sido simple demagogia barata.

ACABANDO CON EL PATRIMONIO PÚBLICO

El comienzo del proceso de privatización de ECOPETROL no debe sorprender, puesto que la concepción del gobierno de Uribe es la de acabar con el patrimonio público colombiano y traspasarlo al sector privado. Por tal razón en 2004 se expidió la decisión 3281 del CONPES, en virtud de la cual este gobierno fijó las bases para la venta de los activos públicos colombianos. Bajo está política de enajenar empresas de servicios básicos, minas, factorías, bancos, etc., que han llevado más de medio siglo levantarlas, Colombia entra en un proceso similar al de la Argentina de finales del siglo XX, con las consecuencias políticas, económicas y sociales que aún no se han logrado superar.

Uribe y los neoliberales justifican esta ola de privatizaciones con el manido cuento de la necesidad que tiene el Estado de generar recursos que permitan mejorar la inversión social y la optimización tecnológica de las empresas que enajena. Sin embargo, la experiencia de entregar activos públicos al sector privado como las minas de carbón de Cerrejón, Ferrocarriles, Cerromatoso, Colpuertos, Carbocol, el BCH, Banco Popular, entre otros, ha sido perjudicial para los intereses nacionales porque, en la mayoría de los casos, se han vendido por debajo del precio real.

OLA DE PRIVATIZACIONES

Colombia con el gobierno de Uribe prácticamente ha terminado por privatizar todos sus activos, cuando varios países de América Latina tras la desastrosa experiencia neoliberal de la década de los 90 de apertura comercial indiscriminada y venta de activos, buscan mantener bajo la dirección del Estado los sectores considerados como vitales y geoestratégicos.

En efecto, durante el último cuatrienio se han privatizado entidades colombianas como Telecom, Ecogas, Isagen, las electrificadoras regionales de Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá y Santander, los aeropuertos de Bogotá y de la isla de San Andrés, el Banco Granahorrar que fue adquirido por el BBVA, así como la mayoría de los puertos marítimos, algunas clínicas y hospitales en distintas ciudades del país, y para completar, se deja en manos de particulares importantes obras de desarrollo vial como las doble calzadas. Por si lo anterior fuera poco, está camino de venderse al sector privado tanto la refinería de Cartagena como el Instituto de Seguros Sociales.

Lo cierto es que con en esta feria de empresas estratégicas colombianas, el mayor beneficiado es el capital transnacional, los grandes intermediarios colombianos, muchos de los cuales están incrustados en el propio gobierno, e infortunadamente, el país sigue anclado a las recetas del FMI que exige el cumplimiento de metas fiscales vía privatización.

Mientras en Bolivia, Chile, Venezuela, México y Brasil, entre otros países de Latinoamérica, los respectivos Estados aportan en forma sustancial al PIB gracias a sus activos, Colombia apenas lo hace en un 12%.

El Estado chileno, por ejemplo, gracias a la nacionalización de su cobre y su petróleo durante el gobierno de Allende, aporta alrededor del 45% del Producto Interno Bruto. En contaste, en Colombia el sector público por esta agresiva política de enajenación de sus sectores vitales ha venido disminuyendo en forma progresiva y significante su participación.