POR CONRADO YASENZA
Milagro Sala lleva once meses detenida
en el penal del Alto Comedero. Milagro Sala es una presa política
en la Argentina de la "revolución de la alegría".
Una presa personal del Leviatán Morales. El 16 de enero de 2016
su vivienda fue allanada por fuerzas policiales sin identificación,
y Milagro, en una escena de dramatismo político no vista en 32
años de vida constitucional ininterrumpida, hizo pública,
in situ, su detención a través de twitter. De allí
en adelante, una tortuosa sucesión de hechos aberrantes buscaron
quebrar física y psicológicamente a Milagro, uno de los
símbolos de la organización popular.
El punto terrorífico fue el asesinato de Nelson Cardozo, detenido
en penal de Gorriti. El joven era sobrino de Alberto Cardozo, uno de
los presos políticos vinculados a la Tupac Amaru. El Servicio
Penitenciario de Jujuy informó que se trataba de un suicidio
pero según el informe oficial realizado por el médico
forense del Poder Judicial jujeño, Guillermo Robles Ávalos,
Cardozo falleció producto de golpes recibidos "en el cuerpo
y la cabeza". Segundo Soria, el abogado que defendió a Cardozo
mientras estuvo preso, agregó que "los golpes que tiene
en el cuello, que son marcas, fueron realizados post mortem, es decir
que quisieron disimular el asesinato y hacerlo pasar como que se había
ahorcado". Es decir, fue asesinado y luego colgado en su celda
para simular un suicidio. El asesinato de Nelson Cardozo habría
sido el resultado de una dura sesión de tortura para que el joven
militante inculpara a Milagro Sala en diversos delitos a cambio de la
libertad. Cardozo se negó y fue golpeado hasta que murió.
Recordemos por qué fue detenida Milagro Sala, quien además
posee fueros que impiden su arresto ya que es parlamentaria del Mercosur.
La detención de la dirigente de la Tupac Amaru se produjo tras
haber sido denunciada por el gobernador jujeño Gerardo Morales,
quien la acusó de "instigación a cometer delitos
y tumultos en concurso real", por el acampe que la Red de Organizaciones
Sociales realizó frente a la Gobernación, el 14 de diciembre
de 2015 y que se prolongó por dos semanas. Esta detención
fue el prólogo de una serie de causas que el radical Morales
afirmó tener como ases bajo la manga para perpetuar el encierro
de la militante social.
En el mes de octubre de 2016, el "Grupo de Trabajo sobre la Detención
Arbitraria" de Naciones Unidas, comunicó que "la detención
de la señora Milagro Sala es arbitraria" y solicitó
"al gobierno de la República Argentina liberarla de inmediato".
El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, se sumó
al pedido de la ONU y solicitó a través de una carta pública,
la "urgente liberación" de la líder de la Tupac
Amaru.
El viernes 1° de diciembre la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) reclamó por la inmediata liberación
de Milagro Sala. En el comunicado difundido por la CIDH "urge al
Estado de Argentina a dar pronta respuesta a la decisión del
Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria
que califica la detención preventiva de Milagro Sala como arbitraria
llamando a su liberación inmediata".
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a través de
su presidente Horacio Verbitsky, consideró que el informe emitido
por el Grupo de Trabajo de la ONU puso en marcha "un mecanismo
vinculante que debe cumplirse", y remarcó que "el Estado
argentino tiene que emitir una respuesta tras la resolución de
este organismo de la ONU. No es una cuestión del gobierno de
Jujuy, cuyo gobernador (Gerardo Morales) viene diciendo muchas cosas
desde que Milagro (Sala) está detenida".
Morales, aliado del gobierno Nacional, reaccionó ante la sugerencia
de la ONU afirmando que "es bastante liviana la opinión
porque afirmar que está presa por el acampe y desconocer que
se robaron 29 millones de pesos, que hemos visto todos los argentinos,
no se ajusta a la verdad". En una exhibición de misoginia
explícita y de violación a la división de funciones
que estipula el sistema republicano y democrático, el gobernador
dijo "No voy a liberar a esa mujer". Por otra parte, la hipérbole
de Morales sobre la visión de todos los argentinos, vuelve risible
lo expresado. El gobernador es además un profundo ignorante,
desconocedor de la lógica aristotélica.
La reacción del presidente de la Nación fue aún
más desopilante. Al cerrar el "retiro espiritual" realizado
en Chapadmalal, Mauricio Macri hizo gala de un esencialismo primitivo
para defender la detención arbitraria de Milagro Sala: "Nos
ha parecido que había una serie de delitos importantes que ameritaban
que hubiese causas". El operativo "linchamiento público"
se puso en marcha.
¿Quiénes avalan ese parecer que el presidente recoge?
Aquí se manifiesta la estrategia que define el ataque final contra
la libertad de Sala. Trece diputados del gobierno de Jujuy, un número
considerable para una legislatura pequeña, presentó un
proyecto de ley para que se realice una consulta popular que determine
por sí o no sobre la libertad de Milagro Sala, violando la normas
constitucionales básicas del Estado de Derecho y del Estado Democrático
de Derecho. El pueblo no puede deliberar sobre cuestiones que desconoce
y que están sujetas a legislaciones específicas y a la
esfera de la actividad parlamentaria. Tampoco puede ser consultado en
un contexto político de miedo y presión sobre quienes
tienen una valoración positiva de la obra social, política
y militante, desarrollada en Jujuy por la organización Tupac
Amaru. La fuerte campaña mediática contra la diputada
del Parlasur, es otro hecho que invalida esa consulta; el resultado
de ella podría ya estar contenido en el seno de la sociedad jujeña
cooptada por la acción de los medios de comunicación.
La iniciativa presentada es del jefe del Bloque Primero Jujuy, Marcelo
Nasif, hombre del vicegobernador Carlos Haquim, del Frente Renovador,
quien además vincula las acciones de la ONU y la OEA como consecuencia
"de profundos lobbys que han llevado a cabo funcionarios, políticos
y periodistas de la Administración anterior". Otra vez la
idea nefasta de la Campaña Anti-argentina. Grave y absurdo a
la vez.
Un dato no menor que explica el visceral encono hacia la irrupción
de la Tupac Amaru, es haber puesto en relieve la alternancia política
entre el peronismo y radicalismo jujeños, cuyo resultado fue
el abandono y desatención de los sectores más vulnerables
de la provincia. Un tópico: Gobiernos para ricos. Adrián
Berardi lo explica en profundidad en una muy buena nota publicada en
la revista Anfibia (Por qué Jujuy, Por qué Milagro http://www.revistaanfibia.com/ensayo/porque-jujuy-porque-milagro/).
Berardi sostiene que "la hegemonía electoral del PJ, su
fragmentación interna y la debilidad de la UCR de trasladar su
oposición a un resultado electoral amplio, permitió que
primero el FGE (Frente de Gemios Estatales) y luego las organizaciones
de desocupados se hicieran de la representación de los sectores
populares. En cierto punto, fue el propio régimen político
quien configuró la grieta por donde se comenzó a filtrar
un nuevo tipo de militancia sindical y de base, separada de los partidos
políticos, que se reforzaría en la década del noventa
con el surgimiento de una nueva militancia social".
Esta nota se propone indagar sobre el amenazante laboratorio jujeño
donde se ensaya la instalación de un Estado de excepción
que puede llegar a nacionalizarse, como lo demuestran las declaraciones
del Presidente sobre el parecer de los argentinos y las del secretario
de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien defendió la detención
de Sala al considerar que es" discutible" el señalamiento
sobre la falta de independencia de la justicia jujeña. "El
sistema judicial y todos los jueces independientes no son un sistema
instalado por el gobernador sino que viene de la administración
anterior", argumento falaz ya que Morales amplió el número
de integrantes del Superior Tribunal provincial de cinco a nueve y designó
entre sus nuevos miembros a dos de los diputados radicales que votaron
la ley de ampliación, a saber, Pablo Baca y Beatriz Altamirano.
En los límites de la simulación y el cinismo que expone
el gobierno de derecha de la Alianza Cambiemos, la república
se encuentra asediada por el mundo plebeyo, negro, indio y popular;
asedio que habilita la posibilidad de la prisión por motivos
políticos, con el sólo argumento de los pareceres que
suplantan todas las instancias nacionales e internacionales sobre la
presunción de inocencia y la defensa a los Derechos Humanos.
La salvación de esa republiqueta para blancos-puros es la cárcel
al malón.
La discrecionalidad de la justicia jujeña - y no es una excepción
provincial - se evidencia en el inicio del juicio a Milagro Sala, junto
a dos dirigentes de la Red de Organizaciones Sociales, Graciela López
y Ramón Gustavo Salvatierra, por presuntas amenazas coactivas
y daño agravado, con diferencias en cuanto al grado de participación
que le cupo a cada uno de ellos en los hechos imputados. El daño
agravado que se le imputa a Milagro es un "escrache" a Morales
en el que se le arrojaron huevos. Sala no estuvo presente y la acusación
proviene de dos testigos que fueron aportados por el gobernador Morales.
Mientras el juicio por los huevazos comienza, el Tribunal Oral Federal
conformado por los jueces Mario Marcelo Juárez Almaraz, María
Alejandra Cataldi y Santiago Díaz, realiza una sola audiencia
semanal en el juicio de la causa Tumbayá, en el que hay 15 imputados
por crímenes de lesa humanidad por los cuales las víctimas
esperan justicia desde hace más de 40 años, y es el mismo
Tribunal que postergó cinco meses el inicio del juicio por la
Noche del Apagón que debía comenzar el 6 de octubre. Así
lo manifestó la defensa de Milagro Sala.
El corolario es la propuesta de consulta popular - que se asemeja a
una suerte de linchamiento medieval - para decidir la libertad de Milagro
Sala.
La Tecl@ Eñe convocó a diversas personalidades de la vida
política, intelectual y jurídica, para analizar la más
reciente aberración en materia de Derechos Humanos, impulsada
por la Alianza Cambiemos de Macri.
E. Raúl Zaffaroni. Ex juez de la Suprema Corte de Justicia.
Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires.
En verdad, pocas veces se ha visto en la Argentina un despropósito
jurídico semejante, y pensar que no han faltado. El primer despropósito
lo dijo el Presidente de la República, cuando justificó
la prisión preventiva de una persona porque mucha gente la considera
culpable. Todos sabemos que estamos sometidos a un monopolio de medios
audiovisuales, de modo que esos medios pueden difundir la imagen de
cualquier ciudadano como delincuente y, como la gente lo cree, debe
estar en prisión preventiva. En síntesis: la justicia
funciona según "Clarín".
Los considerandos del proyecto aberrante no pueden ser más lamentables:
estigmatiza a todos los organismos internacionales, afirma injustificadamente
que no hicieron nada con las 30.000 desapariciones de la Argentina.
¿No se acuerda el distraído legislador que hubo una visita
de la Comisión Interamericana (la misma que ahora estigmatiza)
en 1979, y que significó una divisoria de aguas importantísima?
¿Se acuerda que ante la Comisión declararon el Escribano
Bittel y Herminio Iglesias? Sus despectivas palabras que importan acusarla
ahora de "intromisión" en asuntos jujeños o
argentinos, trae a la memoria las calcomanías que en ocasión
de la visita de la Comisión en 1979 se pegaban en los taxis:
"Los argentinos somos derechos y humanos". Triste memoria,
por cierto, que renueva esta insólita iniciativa, donde el "nacionalismo"
(o localismo) se despierta para decir "con los Derechos Humanos
nos arreglamos nosotros, interpretándolos como queremos, los
de afuera no se metan". Recuerdo también un ignoto juez
de la Provincia de Buenos Aires que, ya ratificada la Convención
Americana, dijo en una sentencia que no regía en la Provincia
de Buenos Aires. Obviamente, los disparates siempre abundaron.
Desde la historia resuena el grito "Guillotina, guillotina"
en tiempos de Robespierre, resucitado por esta iniciativa que redescubre
la "justicia popular" de las mal llamadas "democracias
plebiscitarias", que de "democracias" nunca tuvieron
nada, porque la regla de oro de toda democracia es el respeto a la minoría,
que implica respeto a la mayoría, pues le garantiza el derecho
a cambiar de opinión.
Leí recientemente, un mail del colega Dr. Julio Maier, en el
que decía que sería bueno proponer otro plebiscito, pero
de nivel nacional, preguntando a la opinión de todo el país
si consideran que Morales debería seguir como gobernador de Jujuy.
No deja de ser lamentable que debajo de algunas de las firmas del proyecto
se leyese "U.C.R.". ¿Es el mismo partido de Alem, de
Yrigoyen y de Alfonsín? ¿O es otra cosa?
Aunque no vale la pena recordarlo, porque todos lo leímos en
el secundario y porque a los protagonistas no les interesa saberlo,
no sobra recomendar una relectura de la última parte del artículo
18º de la Constitución Nacional: "Las cárceles
de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no
para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto
de precaución conduzca a mortificarlos más allá
de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que
la autorice". Espero que los legisladores no argumenten que la
Constitución se refiere a las "cárceles de la Nación"
y no de la Provincia de Jujuy. Les recuerdo que este texto proviene
de Manuel de Lardizabal, cuyo librito llevaba el Gral. San Martín
en su mochila.
Horacio González. Ex Director de la Biblioteca Nacional.
Sociólogo y ensayista
En la edición de Página/12 de hoy (15 de diciembre) Horacio
Verbitsky escribe una magnífica ironía sobre lo que ocurriría
en un país donde cuestiones fundamentales de justicia o de vida
cotidiana (gustos, formas de sociabilidad cotidiana, etc.) se decidieran
por plebiscitos. Sería una justicia rápida cercana al
linchamiento pero con papeletas puestas en una urna. Se pasaría
totalmente por alto la institucionalidad, por más pobre que sea,
de la justicia. Bien podría ser denominada como fascistioide
esta modalidad, en el sentido de que el plebiscito, una instancia legítima
cuando se trata de diferendos sobre los que no hay legislación
previa e involucra a países o dentro de países, como la
legalización de la marihuana o temas sobre los que hay querellas
sin que exista previa armazón legal. También cuando la
legislación que hay es restrictiva o anacrónica. No ocurre
ninguna de estas situaciones en el caso de Milagro Sala, donde el encarcelamiento
es una medida originada en una decisión política de un
gobernante, que se adjudicó la potestad de encarcelar a sus opositores
como una "lettre a caché" que emitían lo reyes
antes de la Revolución Francesa. Es una "presa personal"
de otra persona investida (por eso mismo) de poderes arbitrarios. De
ahí que esta situación no pueda resolverse plebiscitariamente.
Abriría la puerta a que un conjunto de temas -todos los que trata
el parlamento y todos los que son motivos de las luchas políticas-,
se resolvieran de un modo que supone la aleatoriedad de una mayoría
circunstancial, que si la hubiera, intentaría ser cosificada
y eternizada. El macrismo puede definirse como el intento de santificar
como cosa inmutable una mayoría supuesta en la opinión
general. Es posible que en Jujuy la haya, de ahí la propuesta
fascistoide. De ahí las declaraciones de Macri en el mismo sentido,
porque en el corazón mismo de la presidencia anida este pensamiento
arrasador de instituciones legales civilizatorios. Queda el vasto y
grave tema de cómo se ha forjado en el país una mayoría
eventual en torno a temas y formas de vida, donde una pulsión
oscura arrasa con la antigua noción de intereses sociales colectivos
explicitados en un horizonte de autorreflexión. Los movimientos
populares deben examinar entonces estas encrucijadas, este nudo gordiano
de la vida popular. La evidencia dice que ella posee muchas estrías
internas. Y una de ellas, sus napas más subterráneas,
esbozan signos mudos de un acatamiento a formas de penalidad directa
basadas en la venganza, orden secreto que subyace siempre, auto moderado
por las propias poblaciones cuando hay gobiernos que ponen en primer
plano una forma legítima de la justicia. Entonces: o justicia
legítima o linchamiento súbito, o con urnas electorales
que se convertirían en la escritura sangrienta del leviatán.
Carlos Raimundi. Secretario Gral. Partido SÍ (Solidaridad
e Igualdad), ex Diputado Nacional FpV
La agobiantemente prolongada e inadmisible detención de Milagro
Sala es, junto a la derogación de leyes por decreto y el acoso
judicial a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, una
muestra cabal de que el denominado Poder Judicial no actúa como
esa pretendida figura de la división republicana de poderes,
sino como una corporación en defensa de determinados intereses
políticos y económicos.
Junto a la demora e inacción judicial en los procesos de lesa
humanidad que comprometen a Carlos Blaquier, esta detención habla
a las claras de cómo esos intereses colonizan la proclamada independencia
del poder judicial.
La estrategia del poder real es clara. En la figura de Milagro Sala
se concentran varios de los símbolos centrales del proyecto nacional
y popular, y por eso hay que atacarlos, desgastarlos y destruirlos definitivamente,
como lección de la historia por parte de los poderes hegemónicos
a todo intento de volver a luchar por los derechos y la dignidad del
Pueblo. El poder real necesita volver a "poner las cosas en su
lugar". Los pobres en la pobreza, y que ni se les ocurra pensar
en su ascenso social.
Para ello, reitero, hay que no sólo erosionar a las personas,
objetivo fundamental, sino también lograr la des-legitimación
pública de lo que ellas representan. En el caso de Milagro, la
militancia, la organización popular y el rol del Estado juntamente
con esa organización popular como alianza indestructible.
Todos los mensajes implícitos del poder mediático, en
su misión de construcción simbólica, están
orientados a destruir la cercanía del Pueblo con la Política,
del Pueblo con el Estado y de los sectores medios con los sectores más
humildes. Tres alianzas que tornarían indestructible al proyecto
nacional y popular. Y permitirían no sólo la concreción
de un gobierno popular, sino algo más ambicioso aún, un
cambio de hegemonía por parte de un nuevo bloque histórico
de poder. Eso es lo que no pueden tolerar.
En cuanto al llamado a una consulta popular en Jujuy, eso se enlaza
con los dichos de Macri en cuanto a que la mayoría coincide con
que Milagro ha cometido delitos. Además de su inconstitucionalidad
jurídica, pone al país al borde de la figura del linchamiento.
Es un retroceso civilizatorio hacia la justicia por mano propia, la
venganza. Una muestra más del odio hacia los humildes, promovido
por los grandes factores de poder a través de sus aparatos ideológicos.
Frente a ello, nuestro deber es la toma de conciencia y la movilización
masiva en todos los niveles.
Nuestro retorno al gobierno como proyecto nacional y popular deberá
estar signado para consolidarse, entre otras intervenciones al poder
monopólico, por una profunda reforma al sistema judicial argentino.
Nora Merlin. Psicoanalista (UBA). Magister en Ciencias Políticas
(IDAES)
El presidente Mauricio Macri, afirmó que "la mayoría
de los argentinos" respaldan la detención de Milagro Sala.
Luego de este guiño presidencial surgió la inédita
propuesta legislativa, comandada por el diputado oficialista Marcelo
Nasif, de la "consulta popular por la continuidad del proceso judicial
en prisión preventiva de la señora Milagro Sala",
firmado por 13 legisladores de los bloques oficialistas que apoyan la
gestión del gobernador Gerardo Morales.
Desde el psicoanálisis decimos que estamos en presencia de un
síntoma, es decir, una anomalía, algo que no anda. Todo
síntoma tiene dos caras, por un lado expresa un mensaje a ser
descifrado y por otro, comporta una modalidad de satisfacción.
La interpretación del mensaje, su enunciación, es que
la justicia actual no es independiente sino que está sometida
al poder político y que se declara impotente para resolver este
asunto y que debe pasar a consideración del pueblo. Sabemos que
si se plebiscitan los derechos humanos significa que no hay derechos
humanos para todos, presentan el caso Milagro Sala como una excepción,
por fuera de los derechos humanos lo que la convierte en presa política.
Respecto de la satisfacción del síntoma vemos ponerse
en juego acá una modalidad sádica que intenta dominar,
actividad específica de la pulsión de muerte, habiendo
una satisfacción en el odio y la venganza, que pone en riesgo
a toda la cultura. El odio es disolvente de los vínculos, por
lo que debe estar atenuado, limitado por el Estado y las instituciones,
de lo contrario se vuelve al estado primordial de la sociedad: la horda
fraterna, el poder del "macho" más fuerte y la guerra.
La política, el Estado y la Justicia no deben ser un simulacro
sino tienen que custodiar el contrato social, deben ser el sostén
simbólico que garantiza la paz social.
Rodolfo Yanzón. Abogado. DDHH
A través de su resolución, la ONU afirmó que la
Argentina violó los DDHH en el caso de Milagro Sala, especialmente
en lo que hace a la imposición de una detención arbitraria
y porque no existen garantías para que tenga un juicio justo,
debido a la falta de independencia de los jueces en Jujuy, que responden
al gobierno de Morales.
En ese contexto, la Argentina sólo puede acatar el informe y
acceder al reclamo de libertad. El máximo responsable es el Estado
Nacional, que debe activar todos los mecanismos necesarios para que
las autoridades jujeñas acepten el reclamo. De lo contrario,
debería disponer la intervención del poder judicial de
la provincia y luego acatar la medida. Pero hasta ahora todo lo que
dijeron las autoridades nacionales y provinciales -salvo honrosas excepciones-
es mantener la violación y no aceptar la recomendación.
Entre esas acciones está la de llamar a un plebiscito que no
hará mas que agravar la situación. Y lo que es ilegal
y viola DDHH seguirá siendo así, aunque haya una mayoría
dispuesta a sostenerlo.
Rubén Dri. Teólogo y filósofo.
Recurrir a un plebiscito para determinar si alguien es culpable o no
de algún delito es echar por tierra la división de poderes.
Es el poder judicial el que debe intervenir, haciendo una seria investigación
y actuando de acuerdo a todas las normas constitucionales.
Recurrir a un plebiscito es abrir la puerta al linchamiento.
El procedimiento sería el siguiente: mediante los medios de
comunicación se señala al culpable y nombra el delito
o los delitos cometidos; el reo inmediatamente es encarcelado, porque
representa un peligro para la ciudadanía; se realiza el plebiscito
con preguntas direccionadas y es lógico que, de esa manera, el
presunto culpable resulte efectivamente culpable.
Con ello el Estado de Derecho ha desaparecido. Cualquiera puede ser
acusado de cualquier cosa si ello se hace desde el poder, y la acusación
necesariamente resultará verdadera. ¿Es esto el medioevo?
¿O es directamente el fascismo?
Es absolutamente necesario frenar ya el intento de plebiscito para
condenar a Milagro Sala. Si no se lo hace, se crea un precedente de
peligrosísimas consecuencias.
Esteban Rodríguez Alzueta. Docente e investigador de la UNQ
y la UNLP. Autor de Temor y control y La máquina de la inseguridad.
Miembro del CIAJ e integrante de la Campaña Nacional contra la
Violencia Institucional.
Cuando la justicia no alcanza, porque fue objetada por organismos internacionales
y encuentra en las organizaciones populares movilizadas en su contra,
el gobierno provincial a través de sus más obsecuentes
voceros, recurre a la vecinocracia que, ya sabemos, habla a través
de la voluble opinión pública. Especula que esa opinión
pública puede clausurar los debates, porque sabe que ese particular
actor de la política argentina, entrenado frente al televisor,
no es la expresión de la voluntad general sino de la indignación
local. Una indignación avivada a través de tratamientos
mediáticos maniqueos, banales y mentirosos. Con el plebiscito
no se busca reemplazar a la justicia sino completarla. Hace rato que
la justicia dejó de ser un poder independiente, actúa
a requerimiento del gobierno de turno. La opinión plebiscitada
será la manifestación de un consenso químico que
blinde la posición del gobierno, es decir, el encarcelamiento
a Milagros Sala, es decir, la criminalización de la Tupac Amaru.
Un consenso afectivo que se averigua en su indignación moral.
Porque la opinión es un punto de vista moral que clausura la
política. A través de este experimento antipolítico
(y no solamente anticonstitucional) se propone el linchamiento social,
otra práctica que los televidentes fueron aprendiendo mirando
televisión, escuchando al periodismo argentino.
Jorge Alemán. Profesor honorario de la UBA, miembro de
la Asociación Mundial de Psicoanálisis, de la Escuela
Lacaniana de Psicoanálisis (España) y de la Escuela de
Orientación Lacaniana (Argentina).
Es absurdo pensar que Milagro pueda amenazar a alguien, forma parte
de los procedimientos actuales del gobierno " víctimizarse
" mientras reprime.
Alejandro Grimson. Doctor en Antropología por la Universidad
de Brasilia. Investigador del CONICET y docente del Instituto de Altos
Estudios Sociales (IDAES) de la UNSAM.
El Estado de Derecho no se somete a votación. Una condena no
se somete a votación. Los derechos de un ser humano no pueden
depender de los humores de la sociedad. Quizás en 1976 se podría
haber sometido a votación si existe o no un campo clandestino
en la Esma. Y hubiera ganado la posición oficial: la Esma no
existe. En cualquier caso, una acusación no puede plebicitarse.
La Tecl@ Eñe, Buenos Aires, diciembre de 2016.