POR FEDERICO LARSEN
La reconocida economista
y analista mexicana Ana Esther Ceceñahabla acerca de la creciente
crisis política desatada por la desaparición de 43 estudiantes
en el municipio de Iguala, en el Estado de Guerrero.
Guerreros Unidos, Los Rojos, La Familia, Los Caballeros
Templarios, son solamente algunos de los nombres de las organizaciones
criminales del Estado de Guerrero, México, que han comenzado
a aparecer con fuerza en las páginas de la prensa internacional
en las últimas semanas. Todos nombres que remiten a la fuerza,
la virilidad, la lealtad, y que han servido para firmar las peores atrocidades
cometidas en ese paraíso turístico en las últimas
décadas. Según datos oficiales, solamente en 2013 se cometieron
allí 2.203 homicidios. Una tasa de 63 asesinatos cada 100.000
habitantes, la más alta del país. Pero aun esos datos
tienen el defecto de estar basados sobre lo que las autoridades federales
y distritales registran, y en los últimos tiempos quedó
más que claro que esa información es muy poco confiable.
Porque si hay algo que caracteriza a los Guerreros Unidos, Los Rojos,
La Familia o Los Caballeros Templarios, es su profunda penetración
en la vida política e institucional de Guerrero. Alcaldes, fiscales,
gobernadores y legisladores han sido acusados y hasta condenados como
jefes de esos mismos grupos. El último caso que conmocionó
a la sociedad mexicana, y que puso en evidencia estos vínculos,
fue la desaparición de 43 estudiantes en el municipio de Iguala
a manos de la policía local el pasado 26 de septiembre. Todos
eran alumnos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos"
de Ayotzinapa, estado de Guerrero, institución que ha formado
históricamente jóvenes con una fuerte tradición
de lucha social. Entre sus ex alumnos se destacan Lucio Cabañas
Barrientos, líder del grupo guerrillero Partido de los Pobres;
el sindicalista Genaro Vázquez Rojas, asesinado en una emboscada
por el ejército, o el dirigente comunista Othón Salazar
Ramírez. En diciembre de 2011 la represión policial contra
los estudiantes de esa escuela dejó un saldo de dos jóvenes
muertos durante una protesta para exigir mejoras edilicias para la institución.
Los normalistas de Ayotzinapa y sus profesores fueron atacados el mes
pasado por efectivos municipales mientras viajaban a la manifestación
que todos los años se realiza en la Ciudad de México en
conmemoración de la masacre de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre
de 1968. Allí pretendían llevar sus demandas por una reforma
educativa y cuestionaban a las autoridades locales por las condiciones
en que deben estudiar. Sin embargo, el alcalde de Iguala, José
Luis Abarca Velázquez, quien actualmente está prófugo,
ordenó que se detuvieran los colectivos en que se trasladaban
los normalistas. Desde ese momento seis personas murieron, 25 resultaron
heridas y 43 estudiantes desaparecieron. Por estos hechos, las autoridades
de Guerrero, pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática
(PRD), fueron sindicadas como cómplices del crimen organizado
que azota el Estado, y la sociedad toda salió a manifestarse
para pedir la aparición con vida de los jóvenes y la renuncia
de los mandatarios locales. "Estos muchachos de Ayotzinapa lo que
marcaron fue realmente el traspaso de un umbral", analizó
en esta entrevista conMiradas al Sur Ana Esther Ceceña, economista
del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y referente del Observatorio
Latinoamericano de Geopolítica.
- ¿Cómo se puede analizar lo que sucede
en la política mexicana, a la luz de lo ocurrido con los normalistas
de Ayotzinapa?
- Están pasando muchas cosas con la política mexicana.
Es un proceso que viene avanzando desde hace unos 12 o 15 años,
y se ha relacionado también con esta política general
de la droga que hizo correr los centros neurálgicos desde Sudamérica
hacia México. Porque, como el mercado más grande de consumo
es EE.UU., México es la locación más adecuada.
Eso fue provocando un corrimiento de esas actividades ilícitas
relacionadas con la venta, el tráfico e incluso con la producción
misma de drogas. Cuando esto se instaló ya de manera consistente
en el país, EE.UU. promovió una política que llamaba
de guerra contra las drogas, que fue asumida cabalmente por el entonces
presidente Felipe Calderón a partir del año 2006. Esta
"guerra contra el narco", como se la llamó, significaba
por un lado dar institucionalidad al trabajo del ejército en
seguridad interna, y eso movió muchas cosas en el terreno de
los cuerpos de seguridad del país, porque ya no eran solamente
las policías las que estaban combatiendo el crimen organizado
sino que entraba el ejército de manera muy protagónica
en el combate supuestamente al narcotráfico. Desató realmente
una guerra en el país esta política. A pesar de que la
sociedad mexicana ha estado insistiendo muchísimo en que no es
ni siquiera la manera de detener al narco, y que está provocando
problemas terribles en el país, no se ha querido modificar. No
solamente por las autoridades mexicanas. EE.UU. ha dicho reiteradamente
que esa es la política adecuada y la que van a sostener. Y la
sostienen a través de la Iniciativa Mérida y también
a través de otro conjunto de relaciones que tienen con México
hace tiempo atrás y que se han ido reforzando, pero siempre con
esta misma intención. Eso se combina, por otro lado, con un país
en el que las instituciones políticas son muy frágiles
porque están muy deslegitimadas y porque la corrupción
es algo realmente sistemático y abarca todos los niveles del
manejo público.
- ¿Qué significa esto para la vida
cotidiana de la población?
- Hoy en México al mismo tiempo que hay reclamos
por la aparición de estos muchachos tenemos muchos otros desaparecidos.
Estos jóvenes de Ayotzinapa lo que marcaron fue realmente el
traspaso de un umbral, por la manera tan impune, tan salvaje como fueron
tratados. Pero de hecho es una tónica que está más
o menos instalada en todo el país, y cada día aumenta
el número de víctimas y desaparecidos. Hay muchos reclamos
en ese sentido pero al mismo tiempo hay reclamos en todos los otros
niveles. Es decir que hay una situación en la que ha desaparecido,
o por lo menos hay vacíos gigantescos en el estado de derecho.
En parte por esta militarización ascendente. Entonces no hay
estado de derecho, no hay autoridades a las cuales acudir, no hay instancias
que garanticen una cierta seguridad ciudadana, y eso combinado con el
aumento de los negocios del crimen organizado y de varios otros tipos
ha dado lugar a un explosivo. Estamos preocupadísimos porque
el país parece estar a punto de estallar en pedacitos. Es decir,
a punto de ser balcanizado. Porque no hay autoridad del Estado. Incluso
ahora con estos acontecimientos terribles, mientras la sociedad está
escandalizada, el presidente trata el tema como si fuera un atropellamiento
de una persona en un viaducto. El Estado central está muy frágil
y los poderes locales han crecido muchísimo. Se han fortalecido
en parte a través de la representación política
que tienen los gobernadores, pero siempre muy vinculados con la actividad
mafiosa que hay en cada región. Entonces usted va a tener en
cada lugar elecciones en las cuales algunos candidatos son retirados
por miedo y otros son puestos con recursos del crimen organizado. De
manera que se ha ido conformando una estructura de poder en todo el
país de poderes locales muy contaminados por el crimen organizado
y un Estado muy débil, con sospecha de estar imbricado también
con el narco. Todo esto en el medio de una total y absoluta impunidad.
La sociedad ha sido colocada en una situación de indefensión
casi total. Se siente muy sola, muy agredida y en cierto sentido descontrolada
porque no se sabe bien por dónde vienen los golpes, porque llegan
por todos lados. No es una guerra muy focalizada. Es una guerra derramada
hacia toda la sociedad. Y de repente puede ocurrir que es contra algunos
empresarios, luego contra un poblado, o contra estudiantes o cualquier
otro miembro. Es una situación de una tremenda inestabilidad,
de un tremendo vacío del estado de derecho, de una indefensión
muy grande y de una impunidad total.
- En su momento llamó la atención que las autoridades
involucradas fueran miembros del PRD, que se presentó en los
últimos años como un contrapeso progresista a la corrupción
generalizada...
- Es el sistema político en su conjunto. Por supuesto hay matices,
pero que en estas circunstancias son menores. Ya no hacen diferencias.
El caso de Guerrero es gravísimo en ese sentido, es muy elocuente.
Porque el gobernador que ha sido reiteradamente señalado por
una actitud de arrogancia e impunidad y atropello, está sostenido
por el PRD. La cúpula le ha sostenido su apoyo y está
entonces involucrada en lo que está sucediendo ahí. El
gobernador dijo que él no intervino cuando supo lo que estaba
sucediendo con estos muchachos porque llamó al alcalde de Iguala
y no le contestó el teléfono, por ejemplo.
- ¿Entonces no hay ninguna alternativa?
- La situación es difícil porque realmente ha escalado
muchísimo. Los niveles a los que ha llegado esta imbricación
entre la política, las instituciones y el crimen organizado son
muy altos. Pero la sociedad está movilizadísima incluso
en estas circunstancias que son tan difíciles, de tanto miedo.
Tenemos jóvenes en las calles de todas las ciudades importantes
del país todo el tiempo reclamando. Y eso es algo muy sentido
por los jóvenes. Porque la verdad que esto es una guerra. Una
guerra social en que la gran parte de los afectados son los jóvenes.
Se mata a los migrantes jóvenes, se desaparecen jóvenes
que son llevados a fincas y se les hace trabajar como esclavos. Están
ocurriendo cosas gravísimas que no salen tanto a la luz y que
involucran sobre todo a la población joven, que ya están
golpeados por el neoliberalismo, por una situación económica
difícil, que no tienen muchas perspectivas de futuro y además
son las principales víctimas de estos criminales. Creo que ha
llegado el momento de que, si de por si van a vivir asustados porque
les puede pasar de todo, es el momento de tomar la rienda y salir a
levantar sus voces. Y se están organizando, se están movilizando.
Algo muy curioso es que en este caso tenemos jóvenes de universidades
privadas, de las que forman los cuadros de la burguesía, que
se han movilizado y han hecho actos en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa.
Es decir que hay realmente una conmoción social amplia, que abarca
muchos sectores de la sociedad. Pero además tenemos organizaciones
de derechos humanos, más tradicionales, intelectuales, académicos,
sindicatos o trabajadores que también se movilizan. Incluso organizaciones
barriales. Los culpables de este asesinato son los culpables de todo
lo que le está ocurriendo a esta sociedad. Es como un criminal
amplio, un masacrador muy amplio que nos está golpeando a todos
en todos lados. Que está carcomiendo derechos, que nos está
quitando las pocas libertades democráticas que se habían
conseguido. Y llegó el momento en que la sociedad no está
más dispuesta a permitirlo. No se si esto es suficiente como
para echar atrás una dinámica que ha ido corroyendo, descomponiendo
la sociedad hasta tal punto, pero creo que más bien tendríamos
que pensar en qué tanto se logra reconstruir los valores sociales,
los valores democráticos, en un mediano plazo, y qué tanto
se logra controlar a la corrupción cuando ésta ha llegado
a los niveles más altos. Esto quiere decir que las instituciones
que estarían abocadas a controlar y sancionar están comprometidas
con la misma corrupción. Es una situación que no se resuelve
de un día para el otro. No basta con cambiar un presidente o
poderes locales. Es un trabajo que va a tomar tiempo, que nos va a costar
para recuperar la posibilidad de vida en este territorio. Pero mucha
gente está en eso y estamos peleando como podemos y donde podemos.
- Es llamativo cómo en los países con mayor presencia
militar y económica de EE.UU., como México, Colombia o
inclusive Paraguay, se note mayormente esta descomposición y
la actuación del crimen organizado. ¿Hay ahí alguna
relación?
- Lo que está ocurriendo en México tiene que ver con este
reacomodo territorial y disciplinario que corresponde al siglo XXI.
Nosotros hablamos aquí de que estas guerras como la que está
ocurriendo en México son las guerras del siglo XXI. Que no son
propiamente una guerra. No es una dictadura. Eso tiene principio y fin.
En el caso de lo que nos está ocurriendo a nosotros es el crecimiento
rampante de una situación de guerra. Una situación de
guerra que se instala y que como no tiene un principio claro tampoco
tiene un fin claro. Va poco a poco transformando las formas de vida.
Por un lado con ese disciplinamiento que requiere el capitalismo a nivel
internacional. Para nosotros EE.UU. es el hegemón principal de
este sistema capitalista por más que haya disputas hegemónicas.
Y para nosotros, que vivimos al lado, que tenemos una frontera enorme
con ellos, que tenemos 17 millones de mexicanos viviendo allá,
que tenemos vínculos muy fuertes con ellos, la política
de EE.UU. es la que se asume como representación del capitalismo
mundial. Para ellos el siglo XXI ha sido un siglo de muchos desafíos
porque el capitalismo como tal está siendo fuertemente cuestionado
en todos los lugares del planeta. Y poblaciones incluso chiquitas se
levantan contra las políticas capitalistas. Y eso está
ocurriendo en tantos lugares que se ha vuelto un elemento de desafío
a los planes de impulso de la acumulación capitalista. Las empresas
son fuertemente contestadas, se buscan recursos legales o de movilización
para evitar que las mineras destrocen territorios. Entonces el desafío
ha implicado que en este siglo XXI se ha estado pensando estratégicamente
un reordenamiento de las disciplinas en el territorio. Por disciplinas
entiendo la aceptación de un modo o de otro de la dinámica
del sistema capitalista y su modo de acumulación. Para hacer
este reordenamiento evidentemente uno de los brazos fuertes ha sido
el militar. La militarización en América latina solamente
en el siglo XXI ha hecho pasar el número de bases en un continente
donde hay una situación relativa de paz, donde EE.UU. tiene muchos
recursos diplomáticos y económicos para tener el control
de la situación. Que se ha dado a través de las bases
militares pero también en las modificaciones en el comportamiento
militar. En las reglas de control de las sociedades. Por ejemplo, los
cambios en los códigos penales y las leyes relacionadas con la
seguridad. La introducción por ejemplo de esta idea del enemigo
terrorista en todos nuestros países. Y lo que hace eso es colocar
a la población como sospechosa. El terrorista es un enemigo difuso,
que no se sabe dónde está y por dónde va a salir.
Que generalmente se parece mucho a la gente sencilla, que actúa
desde su casa haciendo por ejemplo un arma biológica. Entonces
todo poblador de estos países es un sospechoso. Cambió
el estatus. Nosotros antes eramos siempre inocentes hasta que se pruebe
que somos culpables. Hoy es al revés. Hoy somos culpables hasta
que se demuestre que somos inocentes. Y esto hace que las políticas
de seguridad se hayan modificado muchísimo. Hoy en todos nuestros
países, incluido EE.UU., nos pueden detener sin orden de aprensión,
pueden catear nuestros domicilios sin orden. Simplemente con la justificación
de que podríamos ser terroristas. Esto ha provocado situaciones
que llevadas al extremo son la que tenemos en México. Aquí
tenemos sí un enemigo claro que se marcó cuando inició
la guerra contra el narco que eran los cárteles de la droga.
Pero hasta donde nosotros sabemos han sido tocados muy levemente. El
negocio de la droga sigue siendo un negocio boyante en el país.
Los cárteles controlan territorios, vías de comunicación,
siguen teniendo altísimas ganancias y la sociedad es la que está
siendo afectada. Es decir, aquellos que de algún modo eran afectados
por estas actividades ilegales también están siendo afectados
por aquellos que supuestamente las están combatiendo. Pero esto
no es propiamente una guerra. No hay una declaración de guerra
ni una dictadura. Es un país supuestamente democrático.
Pero todo el sistema político valida estas cosas, y parece como
que esto es una anomalía. Cuando crece la criminalidad nos debemos
preguntar cómo todas las instituciones la han estado auspiciando.
Hay cosas que hacen que son terribles. Han creado una cantidad de cuerpos
de seguridad en estos años que realmente da risa. Porque cuando
crean uno, capacitado, de alto nivel, que se ocupe de combatir al crimen
organizado, al cabo de un año lo sacan porque todos se corrompieron
y crean otro. Empieza a ocurrir que el propio ejército y la policía
están capacitando gente que en realidad está trabajando
para el crimen. organizado.
- ¿Cómo reaccionan las sociedades ante
este proceso?
- Yo creo que hay como dos sociedades paralelas acá.
Esta sociedad sórdida del crimen, donde matar ya no es un problema,
donde lo que está en cuestión no es si uno mata, sino
cómo mata. Y otra sociedad que ya no sabe muy bien dónde
está parada. Que es la que se quedó con la idea de que
estábamos en un país con ciertas reglas democráticas,
con cierta posibilidad de acudir a ciertas instancias de regulación
jurídica, que tenía cierto tipo de valores para la cual
matar sigue siendo inadmisible. Pero esa parte va quedando un poco colgada
del aire. La descomposición social en México está
siendo muy profunda. Porque lo que ocurre en la sociedad realmente existente
es que lo que se está instalando es una situación de guerra
que no es una guerra. Es un cambio de modalidades de vida. Tal vez a
modalidades de muerte.
Miradas al Sur, Buenos Aires, 26 de octubre de
2014.