Uno que otro analista en Colombia toca
tangencial y muy esporádicamente el tema de la deuda externa,
con cierta preocupación por la forma como se ha ido expandiendo
y, por ende, por la forma en que ha ido comprometiendo el presupuesto
nacional en el pago de intereses y amortización a capital.
Uno podría preguntarse con cierta alarma si es que Colombia va
entrando, o ya está atrapada, en una deuda pública como
las que explotaron en Argentina y México, por citar dos ejemplos
latinoamericanos; o en Grecia, cuyo coletazo aún sacude las primeras
páginas de los medios europeos; o, para ser más actuales,
la que tiene al borde del cese de pagos a Puerto Rico cuyo gobernador,
Alejandro Padilla, acaba de promulgar una ley de emergencia que autoriza
la suspensión de pagos de 72.000 millones de dólares de
la deuda pública.
¿En qué anda la deuda pública de Colombia? El muy
confiable columnista en estos complejos asuntos, Aurelio Suárez,
nos dice que (
) "pues, la deuda pública pasó
en estos 16 años (2000/2016) de $64,5 billones, que equivalía
en su momento al 31 por ciento del PIB, a $330,7 billones (diciembre
de 2015), que ya representaba el 47 por ciento del PIB"...
¿Puede un país, con argumentos jurídicos, suspender
el pago de la deuda pública, y aún negarse a pagarla,
demostrando que son ilegales, inconstitucionales, abusivas, odiosas
e ilegítimas?
La crisis por deuda pública ha hecho metástasis en el
mundo neoliberal, y es a la luz de este resultado que los juristas sociales
han dado en analizar el por qué de ésta situación,
y han hallado a los culpables y sus delitos, certeramente descubiertos
en el libro de Laura Ramos, "Los crímenes de la deuda",
que el prologuista, Éric Toussaint, resume bien en los siguientes
términos:
(
) "Con el pretexto de favorecer el desarrollo, los llamados
países subdesarrollados fueron endeudándose en condiciones
tales que la deuda acabó convirtiéndose en un mecanismo
permanente de sustracción de la riqueza creada por los pueblos
y la naturaleza.
En realidad, los acreedores privados o públicos, bilaterales
(los estados del Norte) o multilaterales (Banco Mundial, FMI, y otros),
jamás tuvieron por objetivo el desarrollo económico, y
menos aún el desarrollo humano de los países que se estaban
endeudando con ellos. Sus objetivos reales eran bien distintos: facilitar
el máximo provecho en el caso de los banqueros; asegurarse mercados
en el extranjero en el caso de los Estados deseosos de favorecer a sus
empresas exportadoras (fuesen públicas o privadas); conferirse
medios de presión y de chantaje en el caso de los Estados y los
acreedores multilaterales, para armarse con instrumentos de dominación
política
"Objetivos diversos, en efecto, pero que en todo caso nada tienen
que ver con desarrollo alguno: préstamos para fábricas
que nunca entraron en funcionamiento o funcionaron muy poco; préstamos
para megaproyectos energéticos que destruyen el medio ambiente
y conllevan el desplazamiento forzado de las poblaciones; préstamos
para privatizar, préstamos para disminuir las protecciones arancelarias,
préstamos para eliminar las subvenciones a los productos y servicios
básicos, préstamos para comprar armas, préstamos
para ganar una campaña electoral, préstamos para incrementar
el IVA, préstamos para conseguir la total libertad de circulación
de los capitales y para garantizar el secreto bancario, préstamos
para suprimir el control de cambios, préstamos para respaldar
a una dictadura, préstamos sobre los cuales, gobiernos corruptos,
cobran inmutablemente fastuosas comisiones, préstamos para rembolsar
los préstamos odiosos anteriores. Todo ello, nada tiene que ver
con el desarrollo humano.
"Los que pretenden que esta problemática es cosa del pasado
están mintiendo. Los nuevos préstamos para reducir la
pobreza y favorecer el crecimiento, en realidad, son préstamos
para propagar la pobreza, ya que las macro políticas que los
acompañan destruyen y fragilizan aún más las economías
de los países endeudados.
En los países del Sur, las clases pudientes, y una parte más
o menos grande de la clase política, colaboran sin avergonzarse
con el sistema de endeudamiento público. Endeudan a su país,
a su ciudad, a su empresa, arreglándoselas para que el pueblo
pague la factura. Algunos de ellos, auténticos parásitos,
cobran comisión en dos ocasiones: de ida, al llegar el préstamo,
y de vuelta, al pago del servicio de la deuda.
Un gobierno en busca de los medios para garantizar la satisfacción
universal de los derechos humanos, no debería recurrir al préstamo
más que en pequeñísima dosis. La auditoría
ciudadana, si la practica un amplio movimiento social, significa la
irrupción de las poblaciones en la escena política con
el fin de poner en práctica la democracia. Es tan sencillo y
ambicioso como eso".
Fin de folio: No solo de paz vive la principal información que
se le suministra a la opinión pública colombiana, sino
de todo aquello que hace parte de su presente incierto y de su azaroso
futuro.
9 de abril de 2016.