LA
PRECARIEDAD LABORAL COMO FENÓMENO ESTRUCTURAL POR JULIO C. GAMBINA |
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La OIT destaca en su informe sobre América Latina y el Caribe que "Los salarios crecen menos que en años anteriores, la informalidad no se reduce, la productividad está creciendo por debajo del promedio mundial, y aumenta la desocupación de los jóvenes en zonas urbanas". Agrega que en América Latina y el Caribe son unos "14,8 millones de mujeres y hombres que buscan trabajo sin conseguirlo", cuantificando la dimensión del problema del empleo, a lo cual deben incluirse unas 130 millones de personas que trabajan en condiciones de informalidad. La OIT señala que hace 20 años que difunde el estudio sobre la cuestión laboral en la región y que los mejores registros de la última década parece agotarse, interrogándose sobre el futuro, que en el marco de la crisis capitalista, no augura noticias favorables para los trabajadores. Son datos coherentes con los oportunamente difundidos por Michel Husson[2] relativos a información de la OIT para el 2012, donde se señala que para un empleo mundial de 3.130 millones de trabajadores, el empleo en los países "avanzados" es de 470 millones de trabajadores, mientras que los empleos asalariados en los países "emergentes" suman 1.110 millones de trabajadores, y otros empleos en estos países alcanzan a 1.550 millones, con lo cual suman 2.660 millones de trabajadores (1.110+1.550), constituyendo la mayoría de los trabajadores del mundo, y entre ellos se destacan los informales. Es evidente que en estos datos pesan China y la India, pero son elocuentes respecto al trabajo en el mundo, especialmente en el empobrecido Sur, donde sobresale en las condiciones del capitalismo contemporáneo el deterioro de los ingresos y las condiciones de trabajo medido en millones de personas. El documento de la OIT remarca que de cada 10 trabajadores latinoamericanos
y caribeños, al menos 3 no tienen acceso a ningún tipo
de cobertura de protección social. Es el cuadro de la precariedad
en la región latinoamericana y caribeña. En ese marco
de referencias, la OIT concluye que el desaliento y la frustración
sin duda contribuyen a que unos 22 millones de jóvenes no estudien
ni trabajen, y en general, confirmando la discriminación de género,
se concluye que las mujeres siguen estando más afectadas por
el desempleo y la informalidad. Es obvio que se trata de conclusiones
que superan la dimensión "económica" para proyectarse
en el plano de lo social, lo político y cultural. Los datos locales confirman esas tendencias en la Argentina, por lo que las autoridades locales anunciaron medidas en estos días para intentar reducir la informalidad con metas concretas en los próximos meses. Según el INDEC, un tercio de los trabajadores en la Argentina están en situación irregular, sin seguridad social, por lo que se han dispuesto un conjunto de medidas para contrarrestar la situación e incentivar la regularización del empleo. Entre otras cuestiones se sustenta la reducción de contribuciones
patronales para microempresas, medidas que tienen historia en políticas
similares gestadas transitoriamente en los 90´ y que desfinanciaron
el sistema previsional. Al mismo tiempo, se propone fortalecer la fiscalización
y la capacidad de inspección del Estado, junto a la creación
de un registro para incluir a las empresas que violen la legislación
laboral. La crónica periodística señala que "La
Presidenta aseguró que con esta batería de instrumentos
se apuesta a regularizar a 300 mil trabajadores durante el primer año
de vigencia y a 650 mil en dos años, lo que permitiría
reducir la tasa de informalidad de 33,5 a 28 por ciento."[3] En
la misma nota se dice que la Presidenta enfatizó "que la
precarización laboral es uno de los grandes problemas que suelen
enfrentar los trabajadores, junto con el desempleo." Ambas medidas fueron anunciadas mientras resuenan aún las crónicas y análisis del paro nacional del pasado 10 de abril. El interrogante es si con reducción de aportes patronales y renovados anuncios de control estatal se resuelve el tema de la impunidad empresaria que mantiene los elevados niveles de irregularidad en el empleo. Quizá, para terminar con la informalidad, la solución vendrá más por la libertad y democracia sindical que se deriva de la generalización en la designación de delegados sindicales por empresas. Vale recordar que aproximadamente, solo entre un 15 y 20% de las empresas reconocen la existencia de delegados sindicales, lo que favorece la impunidad en la mayoría de las empresas, las que actúan sin los límites que pueden establecer sus trabajadores si estuvieran organizados sindicalmente. Es correcto que el Estado actúe, pero más que una respuesta económica sobre disminución de aportes patronales, o relativa a funciones burocráticas, de control y supervisión, resulta más adecuada la propia autodeterminación de los trabajadores en el control del empleo. En ese sentido es necesario modificar la legislación sobre la organización sindical y revertir la tendencia regresiva de la relación entre el capital y el trabajo que construyó la ofensiva del capital hace cuatro décadas. Esto último se juega en la construcción del nuevo modelo sindical que se manifiesta en la experiencia de la CTA y variadas comisiones internas. Es parte del camino propio para responder social y políticamente a la ofensiva patronal y construir una contraofensiva popular. [1] http://www.ilo.org/americas/publicaciones/panorama-laboral/WCMS_232760/lang--es/index.htm Buenos Aires, 19 de abril de 2014. |
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