LA SILLA OCUPADA

POR MAURICIO CABRERA GALVIS

Ante la grave crisis de legitimidad que enfrenta el Congreso de la República, con 61 de sus integrantes investigados por presuntos vínculos con los asesinos paramilitares, el proyecto de reforma política que debería servir para depurar el Congreso corre el riesgo de convertirse en un saludo a la bandera y un parto de los montes que dará contentillo a la opinión pública, pero no acarreará sanciones efectivas a los partidos beneficiados por la parapolítica. Este resultado será una victoria del Gobierno, en su claro propósito de defender a sus aliados y minar los alcances de la actuación independiente de la Corte Suprema de Justicia.

El punto álgido de la discusión, el que va a definir si las sanciones son reales y efectivas o sólo una farsa para apaciguar a la galería, es el de la llamada silla vacía, pues, aunque en teoría hay consenso en que se debe sancionar a los partidos de los congresistas presos con la pérdida de la curul, hay dos diferencias de fondo: la primera, sobre cuándo debe aplicarse la sanción y, la segunda, sobre si las curules perdidas deben entregarse a los partidos que sigan en votación.

Respecto al cuándo, la posición de los ponentes del proyecto, apoyados por el Partido Liberal y el Polo, es que la silla vacía debe producirse en el momento en que el congresista sea detenido y que esta regla debe aplicarse también a los detenidos que hayan renunciado a su fuero parlamentario para ser investigados por la Fiscalía y no por la Corte. El argumento a favor es que si hay meritos para poner preso a un congresista -aunque todavía no haya sido juzgado ni condenado-, también los hay para que su partido pierda temporalmente esa representación en el Congreso. Si después del juicio es declarado inocente, el congresista recuperará su libertad y el partido la curul, pero si es culpable, la perdida de la curul será definitiva.

La posición del Gobierno trata de defender a los partidos uribistas que son los que tienen el mayor número de representantes acusados: la silla vacía sólo se debe producir cuando haya condena con sentencia ejecutoriada y, mientras tanto, el congresista preso será reemplazado por el siguiente en la lista del respectivo partido. Como la sentencia puede demorar varios años, esto le garantiza al Gobierno que la sanción para sus aliados se va a demorar, tal vez hasta el final de la presente legislatura, de manera que la silla seguiría ocupada.

Esta postura oficial es una conveniente extensión de la desafortunada tesis del presidente Uribe, según la cual los congresistas debían seguirle dando sus voticos mientras no estuvieran en la cárcel. Como ahora ya muchos de ellos están presos, entonces se inventaron la fórmula para que los suplentes sigan dando sus voticos, que serán muy necesarios si, por ejemplo, prospera el proyecto de la segunda reelección.

El otro punto de discusión es si se debe barajar y repartir de nuevo, es decir, anular los votos de los congresistas condenados y reasignar las curules. De nuevo la propuesta del Gobierno, para defender sus ilegítimas mayorías, es que la silla debe quedar vacía hasta el final del período, pues, si se recalcularan los votos, esas curules corresponderían a los partidos menos untados de parapolítica, que son los de la oposición.

Esta propuesta oficial no sólo es oportunista sino que puede ser muy perjudicial para algunas regiones que se quedarían sin voz ni voto en la Cámara de Representantes. La reasignación de curules evita este riesgo, además de que sí es un castigo que puede desestimular las alianzas de políticos y criminales. Por supuesto, es una medida que sólo se puede aplicar después de ejecutoriada la sentencia, salvo para quienes renuncien al fuero parlamentario, en cuyo caso sí debería hacerse cuando sean puestos presos.

Lo que el Gobierno busca es que la silla siga ocupada por sus aliados y que si es inevitable que la pierdan, entonces que no sea ocupada por la oposición. Es decir, que todo cambie para que nada cambie.