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  Crónicas de Bogotá  
 
POLÍTICA DE ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS GENERA 30 MIL DESPLAZADOS EN BOGOTÁ

POR CAROLINA ARANGO

Después de una larga jornada de trabajo y con las manos rojas y ampolladas de lavar la ropa de tres familias distintas, Constanza, con los pasos perdidos y el hambre sacudiéndole el cuerpo, regresa a su hogar en el barrio Altos de Cazucá, una de las zonas periféricas y marginales de Bogotá para reunirse como todas las noches con sus tres hijos y su esposo; allí, donde el verde paisaje montañoso se confunde con la oscuridad de la miseria y la pobreza, se encuentran, según ACNUR, aproximadamente 30.000 desplazados internos que, como esta mujer, hallan en la ciudad un lugar de refugio y una posibilidad de iniciar una vida distinta.

Desde hace un año, la ciudad es el resguardo de Constanza luego de que el glifosato arrasara con sus cultivos de pancoger y de coca en el departamento del Caquetá.

"Tuvimos que salir de allá como ladrones, como si esa tierra no nos perteneciera… salimos porque se llevaron todo, mmm… lo fumigaban y se iban como si nada..", explica con amargura.

Como Constanza, miles de campesinos colombianos salen todos los días de sus parcelas acosados por la presencia no solamente de actores armados sino de lloviznas interminables de glifosato que acaban con sus cultivos y con su vida, además, el problema se incrementa ya que esta población no tiene ningún tipo de amparo ni protección legal a la cual puedan acudir.

La normatividad actual, contenida en la ley 387 de 1997, caracteriza a la población desplazada dentro de parámetros amplios que abarcan todos los escenarios generados por la guerra. Sin embargo, esta definición no da cabida a las comunidades localizadas en las zonas de producción y erradicación de cultivos ilícitos. En consecuencia, los llamados "raspachines" no son catalogados como desplazados, por el contrario, son satanizados y relacionados como delincuentes y criminales.

Las implicaciones de los cultivos ilícitos y el funcionamiento de las estrategias de erradicación y aspersión, son los principales intereses del gobierno frente al tema de la droga; no obstante los desplazamientos, las perdidas económicas y ambientales por las fumigaciones no son revelados, lo cual devela una improvisación y una profunda indiferencia del Estado frente a los padecimientos de estos pobladores.

La correlación entre desplazamiento y fumigaciones de cultivos ilícitos es casi imposible de determinar, sobre todo en áreas donde coincide el conflicto armado con las estrategias de erradicación. Actualmente no existen cifras específicas que indiquen cuántas migraciones ocurren por las políticas antidrogas, lo que si es claro es que las fumigaciones perjudican, agravan e incrementan las movilizaciones de los pobladores afectados por las confrontaciones armadas.

La población desplazada por fumigaciones está constituida por los jornaleros o "raspachines", quienes son los agentes en donde se genera el desplazamiento; los dueños de grandes extensiones de cultivo; la población involucrada en laboratorios de procesamiento de la droga y, finalmente, la población vinculada o beneficiaria de la comercialización de gasolina e insumos agroquímicos.

Los desplazamientos no son prácticas recientes en la historia de la nación, han estado desde años atrás ligados a la población, revela un modelo de profunda exclusión en la propiedad de la tierra, caracterizado por la ausencia institucional en grandes zonas del territorio, la explotación de los recursos naturales orientada a los mercados externos y el uso de la violencia como herramienta para lograr recomposiciones sociodemográficas. El abandono de la población a los territorios surge ya sea por la apropiación de tierras estratégicas que cuentan con recursos significativos, por el establecimiento de proyectos de gran magnitud o por su importancia política y militar dentro de lucha armada. Los procesos de reubicación geográfica de la población rural se presentan en las medianas y grandes ciudades convirtiéndose en la principal alternativa de refugio.

La incorporación de los campesinos y los indígenas a la producción de los cultivos ilícitos obedece a la estabilidad que proporcionan los ingresos provenientes de estos, y la facilidad para su comercialización y cultivo, además de ser una actividad que les permite generar excedentes, los cuales son utilizados para la inversión, la creación de actividades empresariales, y ofrecer a sus hijos una mejor calidad de vida.

De otro lado, la población ligada económicamente a los cultivos ilícitos ve en estos la única oportunidad de aumentar sus ingresos dentro de un contexto agrícola debilitado, junto con la disminución de los precios de los productos agrícolas y un marco de globalización cada vez más competitivo. En conclusión, la causa por la cual los pobladores rurales se vinculan a la producción de cultivos ilícitos es la alta vulnerabilidad del nivel económico y ecológico de la vida campesina. Los efectos negativos se profundizan en la medida en que se sataniza a los pequeños productores quienes son tratados como delincuentes ignorando la presencia de micro cultivos y las dinámicas de crecimiento de éstos en otras zonas del país. En otras palabras, se concibe a los campesinos y habitantes rurales, que utilizan los cultivos como estrategia económica para sobrevivir, como delincuentes, excusa que se maneja desde la política pública para no orientar en la actualidad mecanismos directos de apoyo; esta situación materializa su exclusión de las política de desarrollo alternativo y la posible vinculación a la producción legal.

En suma, en Colombia no se ha estructurado un proyecto de organización y distribución de la propiedad territorial, contrario a esto, se han afianzando las tendencias hacia la concentración de la estructura latifundista, presentando ampliación de las tierras consagradas a la ganadería, disminución de la producción de alimentos, y un aumento de los desplazamientos forzosos en los departamentos que señalan mayor concentración de la propiedad rural. Paralelamente, las políticas de erradicación se convierten en una amenaza para la población circundante y en un factor más del desplazamiento. El desplazado es intermitente, entra a la ciudad, desaparece y aparece a gusto del Estado, pero tiene derecho a soluciones definitivas, a reagruparse con su familia, y a ser reconocido ante la ley no como delincuente sino como victima.

 
     
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