POLÍTICA DE
ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS GENERA
30 MIL DESPLAZADOS EN BOGOTÁ
POR CAROLINA ARANGO
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Después
de una larga jornada de trabajo y con las manos
rojas y ampolladas de lavar la ropa de tres familias
distintas, Constanza, con los pasos perdidos y el
hambre sacudiéndole el cuerpo, regresa a
su hogar en el barrio Altos de Cazucá, una
de las zonas periféricas y marginales de
Bogotá para reunirse como todas las noches
con sus tres hijos y su esposo; allí, donde
el verde paisaje montañoso se confunde con
la oscuridad de la miseria y la pobreza, se encuentran,
según ACNUR, aproximadamente 30.000 desplazados
internos que, como esta mujer, hallan en la ciudad
un lugar de refugio y una posibilidad de iniciar
una vida distinta.
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Desde hace un año, la ciudad es el resguardo de
Constanza luego de que el glifosato arrasara con sus cultivos
de pancoger y de coca en el departamento del Caquetá.
"Tuvimos que salir de allá como ladrones,
como si esa tierra no nos perteneciera… salimos porque
se llevaron todo, mmm… lo fumigaban y se iban como si
nada..", explica con amargura.
Como Constanza, miles de campesinos colombianos salen
todos los días de sus parcelas acosados por la
presencia no solamente de actores armados sino de lloviznas
interminables de glifosato que acaban con sus cultivos
y con su vida, además, el problema se incrementa
ya que esta población no tiene ningún tipo
de amparo ni protección legal a la cual puedan
acudir.
La normatividad actual, contenida en la ley 387 de 1997,
caracteriza a la población desplazada dentro de
parámetros amplios que abarcan todos los escenarios
generados por la guerra. Sin embargo, esta definición
no da cabida a las comunidades localizadas en las zonas
de producción y erradicación de cultivos
ilícitos. En consecuencia, los llamados "raspachines"
no son catalogados como desplazados, por el contrario,
son satanizados y relacionados como delincuentes y criminales.
Las implicaciones de los cultivos ilícitos y el
funcionamiento de las estrategias de erradicación
y aspersión, son los principales intereses del
gobierno frente al tema de la droga; no obstante los desplazamientos,
las perdidas económicas y ambientales por las fumigaciones
no son revelados, lo cual devela una improvisación
y una profunda indiferencia del Estado frente a los padecimientos
de estos pobladores.
La correlación entre desplazamiento y fumigaciones
de cultivos ilícitos es casi imposible de determinar,
sobre todo en áreas donde coincide el conflicto
armado con las estrategias de erradicación. Actualmente
no existen cifras específicas que indiquen cuántas
migraciones ocurren por las políticas antidrogas,
lo que si es claro es que las fumigaciones perjudican,
agravan e incrementan las movilizaciones de los pobladores
afectados por las confrontaciones armadas.
La población desplazada por fumigaciones está
constituida por los jornaleros o "raspachines",
quienes son los agentes en donde se genera el desplazamiento;
los dueños de grandes extensiones de cultivo; la
población involucrada en laboratorios de procesamiento
de la droga y, finalmente, la población vinculada
o beneficiaria de la comercialización de gasolina
e insumos agroquímicos.
Los desplazamientos no son prácticas recientes
en la historia de la nación, han estado desde años
atrás ligados a la población, revela un
modelo de profunda exclusión en la propiedad de
la tierra, caracterizado por la ausencia institucional
en grandes zonas del territorio, la explotación
de los recursos naturales orientada a los mercados externos
y el uso de la violencia como herramienta para lograr
recomposiciones sociodemográficas. El abandono
de la población a los territorios surge ya sea
por la apropiación de tierras estratégicas
que cuentan con recursos significativos, por el establecimiento
de proyectos de gran magnitud o por su importancia política
y militar dentro de lucha armada. Los procesos de reubicación
geográfica de la población rural se presentan
en las medianas y grandes ciudades convirtiéndose
en la principal alternativa de refugio.
La incorporación de los campesinos y los indígenas
a la producción de los cultivos ilícitos
obedece a la estabilidad que proporcionan los ingresos
provenientes de estos, y la facilidad para su comercialización
y cultivo, además de ser una actividad que les
permite generar excedentes, los cuales son utilizados
para la inversión, la creación de actividades
empresariales, y ofrecer a sus hijos una mejor calidad
de vida.
De otro lado, la población ligada económicamente
a los cultivos ilícitos ve en estos la única
oportunidad de aumentar sus ingresos dentro de un contexto
agrícola debilitado, junto con la disminución
de los precios de los productos agrícolas y un
marco de globalización cada vez más competitivo.
En conclusión, la causa por la cual los pobladores
rurales se vinculan a la producción de cultivos
ilícitos es la alta vulnerabilidad del nivel económico
y ecológico de la vida campesina. Los efectos negativos
se profundizan en la medida en que se sataniza a los pequeños
productores quienes son tratados como delincuentes ignorando
la presencia de micro cultivos y las dinámicas
de crecimiento de éstos en otras zonas del país.
En otras palabras, se concibe a los campesinos y habitantes
rurales, que utilizan los cultivos como estrategia económica
para sobrevivir, como delincuentes, excusa que se maneja
desde la política pública para no orientar
en la actualidad mecanismos directos de apoyo; esta situación
materializa su exclusión de las política
de desarrollo alternativo y la posible vinculación
a la producción legal.
En suma, en Colombia no se ha estructurado un proyecto
de organización y distribución de la propiedad
territorial, contrario a esto, se han afianzando las tendencias
hacia la concentración de la estructura latifundista,
presentando ampliación de las tierras consagradas
a la ganadería, disminución de la producción
de alimentos, y un aumento de los desplazamientos forzosos
en los departamentos que señalan mayor concentración
de la propiedad rural. Paralelamente, las políticas
de erradicación se convierten en una amenaza para
la población circundante y en un factor más
del desplazamiento. El desplazado es intermitente, entra
a la ciudad, desaparece y aparece a gusto del Estado,
pero tiene derecho a soluciones definitivas, a reagruparse
con su familia, y a ser reconocido ante la ley no como
delincuente sino como victima.
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